Somos Sudacas

“En un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 8va vez incluyó en el capítulo IV de su Informe Anual a Colombia por considerar que en el País persisten “situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En primer lugar, en el informe la CIDH hace referencia al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares adelantado en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe identificando con preocupación que actualmente persisten algunos de estos grupos en distintas zonas del país bajo la denominación de “Nueva Generación”, “Autodefensas Gaitanistas”, “Renacer” y “Águilas Negras”, obedeciendo a dinámicas diversas donde resalta “(1) el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se desmovilizaron; (3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.” La CIDH afirma que “a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las AUC, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra poblaciones vulnerables, líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Por otro lado, al referirse al proceso de la ley 975 “Ley de justicia y paz” resalta que “el proceso ha enfrentado obstáculos tangibles durante el año 2008. En particular, se destaca la decisión de extraditar a un importante número de conocidos líderes paramilitares, algunos de ellos vinculados a investigaciones sobre la llamada “parapolítica”, donde “el fundamento de la decisión de extradición impulsada por el Poder Ejecutivo genera interrogantes sobre las condiciones para acceder a los beneficios establecidos por esa norma.” Aclarando que “la consecuencia natural del incumplimiento con el compromiso de no reincidir en la comisión de delitos tras la desmovilización, debiera ser la exclusión de los beneficios de morigeración de pena previstos en la Ley de Justicia y Paz, y el consecuente sometimiento a la jurisdicción ordinaria. En el caso de los 15 líderes paramilitares extraditados por causa de su conducta posterior a la desmovilización, sin embargo, la decisión de dar precedencia a procesos destinados a esclarecer delitos relacionados con el narcotráfico en jurisdicción extranjera, con la promesa de aplicación futura de la Ley de Justicia y Paz una vez cumplidas las penas en los EEUU, no se condice con la lógica del acceso a beneficios procesales a cambio del abandono de las armas y la colaboración con la justicia.”

Asimismo, resalta la Comisión Interamericana que “las víctimas han encontrado una serie de obstáculos para su participación. En primer término, la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a quienes intentan beneficiarse de la Ley 975 sobre los hechos de su interés, en las distintas fases de la versión libre.” “En segundo término, enfrentan dificultades en el acceso al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales.” Además “en el caso de las víctimas activamente involucradas en el proceso, su seguridad se ha visto seriamente comprometida o directamente afectada por el accionar de grupos armados ilegales.” La CIDH ha recibido “información sobre actos de violencia e intimidación contra víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de grupos armados con el fin de impedir su participación en el proceso de justicia y paz o silenciar sus reclamos sobre tierras usurpadas por el paramilitarismo”.

Sobre el derecho a la reparación de las víctimas del paramilitarismo en Colombia, la CIDH observa el carácter discriminatorio que encarnan las políticas de reparación del Estado, donde se excluye “de los programas administrativos de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, al obligarlas a agotar en forma previa la vía judicial y establecer un tope indemnizatorio para esa reparación.” Por lo demás, señaló que la existencia de topes indemnizatorios en las reparaciones administrativas “afecta el principio de reparación integral, lo cual constituye un retroceso respecto de los derechos que hoy pueden ejercer esas víctimas.”

Otro de los aspectos que aborda el Informe hace referencia a la continuidad de la violencia derivada del conflicto armado, resaltando su preocupación por el alto número de ejecuciones extrajudiciales que obedecen a patrones identificados desde años atrás “en el marco de operativos militares anti-insurgentes donde se verifica que no existió combate alguno; “en un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas; en ocasiones las víctimas son previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar; muchas veces los mismos miembros del Fuerza Pública que previamente han dado “de baja en combate” a la víctima están a cargo de preservar la escena del crimen y las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura; los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad; los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su reconocimiento; los cuerpos son inhumados como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas; los miembros de la Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y premios por la presentación de “positivos”; en muchos casos la competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye a juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, testigos y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo” Asimismo la CIDH indica que el “incremento en los casos de desplazamiento forzado que se presentó en el primer semestre del año (2008) es el más alto desde 1985; la tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes; y por cada día se desplazaron en promedio 1.503 personas.”

Respecto a la situación de los grupos étnicos en Colombia, manifiesta: “su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que viven los pueblos indígenas en Colombia y por los ataques contra sus líderes, que buscan romper la cohesión de estos pueblos en torno a la defensa de sus derechos, en especial el derecho a la autonomía y el territorio. Asimismo, la CIDH ha señalado que los constantes actos de violencia perpetrados en contra de los pueblos indígenas amenazan no sólo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos.”

Por otro lado, hace referencia a la situación de desventaja, discriminación y desprotección que enfrentan Comunidades y Consejos Comunitarios afrodescendientes y raizales como consecuencia de la guerra, el desplazamiento forzado y la usurpación ilegal de sus tierras. La CIDH hace expresa mención de la situación de la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca) y de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó (Chocó). Además el informe anunció que “durante el 2009 la CIDH espera hacer público un informe sobre la situación de la población afrocolombiana, preparado por su Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial.” Respecto a la situación de defensores de derechos humanos, líderes sociales, y sindicalistas, la Comisión indica que durante el año 2008 su labor “continuó viéndose afectada por amenazas contra la vida y la integridad personal. Persiste además el empleo de “montajes” judiciales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.” Esto ha estado acompañado del empleo de mecanismos de inteligencia en su contra ordenados por el Departamento Administrativos de Seguridad (DAS).

Respecto a el derecho a la libertad de expresión y la Protesta social en Colombia, indica que si bien no se produjeron homicidios contra periodistas la situación de impunidad de los cometidos en años anteriores sigue siendo de especial gravedad. También resalta que a lo largo del 2008 ha recibido información sobre agresiones y amenazas contra periodistas y personas que en ejercicio de su libertad de expresión exponen opiniones críticas o disidentes observando con preocupación que buscan ejercer un efecto intimidatorio no sólo en el periodista sino en el medio para el cual trabaja. “Este tipo de amenazas contribuyen a crear un clima que favorece la autocensura.”

Asimismo “preocupa a la CIDH el surgimiento de un patrón de señalamientos genéricos contra los movimientos sociales de disenso, que los vinculan con grupos armados ilegales o con “organizaciones terroristas” y que sugieren que tras sus manifestaciones públicas existen intereses “oscuros”, destinados a desestabilizar el Estado.” Es de resaltar que estos señalamientos provienen de altos funcionarios del Estado Colombiano, por lo cual la CIDH recuerda lo establecido por la Corte Interamericana al indicar que en ciertas ocasiones las autoridades estatales deben pronunciarse sobre cuestiones de interés público, “sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos” “Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos”.

Por último, el Informe Anual aborda las presiones del poder Ejecutivo al Poder Judicial llamando la atención en cuanto que esta situación pone en tela de juicio la labor de altas instancias judiciales y coloca en riesgo a magistrados y magistrados auxiliares de las altas Cortes.

CONCLUSIONES

140. La CIDH ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto. Colombia aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales e implementación del marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.

141. La CIDH mantiene su preocupación respecto de la existencia de reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares, del fenómeno del rearme y de la formación de nuevos grupos armados, y reitera la necesidad de que el Gobierno colombiano implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC y de las bandas criminales.

142. La CIDH entiende que más allá del sistema legal establecido, corresponde al Estado un rol central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas de los crímenes contra el derecho internacional un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación integral, acordes a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

143. Asimismo, la Comisión mantiene su preocupación respecto del impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes requieren de medidas diferenciadas de asistencia humanitaria. También llama la atención del Estado respecto de las crecientes denuncias sobre la participación de miembros de la Fuerza Pública en conductas violatorias de los derechos humanos. La CIDH mantiene su preocupación respecto de los ataques registrados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales por parte de los grupos armados al margen de la ley y la guerrilla y espera se adopten las medidas necesarias para asegurar la libertad de expresión en condiciones de seguridad, y el ejercicio de la función judicial con las garantías necesarias para administrar justicia sin injerencias de otros poderes del Estado.

144. En vista de estas consideraciones, la CIDH recomienda al Estado colombiano:

1. Fortalecer el trabajo de las instituciones llamadas a desempeñar un rol en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, especialmente las unidades de la Fiscalía General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación, en término de apoyo logístico y seguridad a fin de garantizar el esclarecimiento judicial de los crímenes perpetrados contra las víctimas del conflicto.

2. Disponer de mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto, testigos y defensores de derechos humanos que se acerquen a fin de participar en el proceso de investigación y juzgamiento de quienes busquen beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz.

3. Establecer mecanismos concertados y efectivos para la reparación de las víctimas del conflicto con base a los principios de integralidad y no discriminación.

4. Adoptar medidas efectivas tendientes a la desarticulación y desmantelamiento de estructuras armadas al margen de la ley y prevenir el fortalecimiento de grupos emergentes.

5. Fortalecer mecanismos que garanticen la prevención e investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales mediante: la revisión minuciosa de políticas y prácticas de la Fuerza Pública respecto al uso de la fuerza en enfrentamientos y las actividades de inteligencia; la publicidad, dentro de los marcos legales vigentes, del resultado de esas evaluaciones; la revisión de mecanismos de control disciplinario interno mediante los cuales se haga público el motivo de la separación del cargo en casos de sanción por hechos relacionados con falsos positivos; la actividad de control administrativo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación con participación de las víctimas y sus representantes; la publicación de estadísticas y análisis periódicos de los casos denunciados; el empleo de mecanismos de control externo a través de la Fiscalía y la inhibición de la actuación de tribunales y autoridades militares en la escena del crimen y en las diligencias de investigación de los casos.

6. Remitir todas las causas que puedan involucrar ejecuciones extrajudiciales de civiles de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. 7. Diseñar y adoptar políticas que tomen en cuenta las necesidades específicas en materia de territorio, salud, educación, justicia de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado.

8. Adoptar las medidas necesarias para proteger la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos y líderes sociales y sindicales; prevenir su estigmatización y el empleo indebido de mecanismos de inteligencia en su contra; y remover los factores de riesgo que los afectan mediante el esclarecimiento judicial de actos de violencia, hostigamiento y amenazas.

9. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los jueces y operadores judiciales puedan desarrollar su labor para la administración de justicia en condiciones de seguridad, independencia y libre de presiones de particulares y de instancias del Estado.”

Adjunto texto completo www.cidh.org informe anual 2008

Testimonio que dejó Rodrigo Rosenberg antes de ser asesinado

El abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el domingo 10, grabó un video y dejó una declaración que responsabiliza al presidente Alvaro Colom, al secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos; autoridades del banco Rural y al constructor Gregorio Valdez de su muerte. (vea el video y los documentos que dejó)

Por: Redacción Web
El Periódico, Guatemala
11 de mayo de 2009


Video en:http://www.youtube.com/watch?v=9aT68rp43b8


http://www.youtube.com/watch?v=Od9m4en93RE

http://www.youtube.com/watch?v=lg1HGID58X0


Asesinan con arma de fuego a destacado abogado
Rosenberg montaba bicicleta cuando lo interceptaron sicarios. Fue
presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Guatemala.

Por: Willverth Girón / Carlos Rigalt c.
El Periodico, Guatemala, 11 de mayo

Ayer, en horas de la mañana fue asesinado por 3 impactos de arma de
fuego el abogado Rodrigo Rosenberg, de 48 años. El hecho ocurrió en la
2a. avenida de la zona 14, mientras realizaba actividades de ciclismo.

Datos preliminares de la investigación dan cuenta que Rosenberg tenía
como cliente a Khalil Musa, quien fue asesinado el pasado 14 de abril
junto con su hija Marjorie Musa.

Rosenberg fue presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación
(Cenac) de la Cámara de Comercio de Guatemala y vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael
Landívar.

Uno de los testigos del hecho es un guardia de seguridad, quien
comentó que minutos antes del ataque, estuvieron rondando en el sector
dos vehículos uno de color negro y el otro blanco.

“Despues los carros se quedaron estacionados, se escucharon los
balazos y salieron apresuradamente”. De esta cuenta, Carlos Pérez,
vocero del cuerpo de Bomberos Municipales, comentó que “los impactos
de bala dieron en organos vitales por lo que ya no pudimos hacer nada
para rescatarle la vida”.

Versiones coinciden

La versión del guardia de seguridad coincide en parte con la
información que empieza a manejar la Policía Nacional Civil (PNC) y
los bomberos. Rember Larios, subdirector adjunto de la institución,
comentó que “se conoce que participó más de un vehículo, nos
encontramos investigando el hecho”.

Larios agregó que como parte de la investigación “se solicitó a la
Policía Municipal de Tránsito que nos proporcionaran los registros de
las cámaras (en las cercanía del lugar del asesinato)”.

A pocos metros en donde quedó el cuerpo de Rosenberg, se puede notar
las marcas de los neumáticos que uno de los vehículos implicados en el
asesinato dejó tras su huída.

Hipótesis y reacciones

Algunos activistas de Derechos Humanos lamentaron la acción criminal
ocurrida ayer por la mañana, además, Carmen Aída Ibarra, de la
Fundación Myrna Mack, comentó que “este asesinato se viene a agregar a
la lista de los 15 o 18 crímenes diarios que se cometen en el país.
Pero esta vez le tocó a un sector de abogados, se trata de otro caso
con un patrón predetermiando, dirigido por estructuras especializadas
en planificarlos y cometerlos, y una ejecución a cargo de sicarios”.

Por su parte, Edgardo Wagner, ex direcor de la Cámara de Comercio,
comentó que “este es un hecho sumamente repudiable, lo lamentamos
profundamente y esperamos que las autoridades logren identificar a los
responsables del hecho”.

¿Quién fue Rodrigo Rosenberg?

>Abogado y notario de 48 años de edad, graduado de la Universidad
Rafael Landívar (URL), con una maestría en Derecho Internacional y
Derecho Comparado obtenida en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
También poseía una maestría en Derecho Mercantil por la Universidad de
Harvard, Estados Unidos.

>Rosenberg pertenecía a la firma de abogados Rosenberg-Marzano,
Marroquín-Permeller & Asociados, fundada en 1987. Esta firma de
abogados se especializaba en la prestación de servicios legales en el
área corporativa, de la propiedad intelectual e industrial, registro
sanitario, arbitrajes y conciliaciones y también se dedicaba a tratar
temas de derecho migratorio.

Declaración del abogado Rodrigo Rosenberg antes de que fuera asesinado
Prensa Libre,
11/05/2009


Si usted está leyendo este mensaje es que yo Rodrigo Rosenberg Marzano fui asesinado por el Secretario Privado de la Presidencia Gustavo Alejos y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sandra de Colom.


La razón, de que Gustavo Alejos y Gregorio Valdez, hayan ordenado mi muerte y el Presidente de la RepÚblica Álvaro Colom lo haya aprobado, es porque hasta el día que me mataron, fui el abogado de dos increíbles guatemaltecos Don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa y sabia exactamente como Álvaro Colom, Sandra de Colom, Gustavo Alejos y Gregorio Valdez fueron los responsables de ese cobarde asesinato, y así se los hice saber a ellos mismos y a quien me quiso y pudo oír.

Yo era un guatemalteco de 47 años, con 4 divinos hijos, con el mejor hermano que uno le puede pedir a la vida, con increíbles amigos, y con muchísimas ganas de vivir en mi país, pero no hubiera podido vivir conmigo mismo, sin rebelarme, armarme de valor y denunciar a todos los guatemaltecos que tienen principios y valores, a cerca de las verdaderas razones de la muerte de don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa, sin importar las consecuencias y entendiendo que mi vida corría peligro quise dejar este testimonio en caso algo me pasara algo, como lamentablemente sucedió.

Es Álvaro Colom, por medio de Gustavo Alejos y Gregorio Valdez quienes le piden su colaboración a don Khalil Musa para que forme parte de la junta directiva de Banrural en forma Ad honorem, sin que don Khalil Musa sospechara de los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural, los cuales van desde el lavado de dinero hasta el desvió de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente Sandra de Colom, así como el financiamiento a empresas de papel utilizadas por el narcotráfico.

Es Álvaro Colom de acuerdo con Gustavo Alejos y Gregorio Valdez quienes retienen el nombramiento ya firmado de don Khalil Musa, sin que él lo supiera, por mas de tres meses, pues en realidad no tenían ninguna intención de que el asumiera dicho puesto de Director, sino sólo utilizaban su buen nombre con el argumento de que si no se repartían nuevas cuotas de poder don Khalil iba a denunciar cuando descubriera la corrupción con la que el gerente general de Banrural Fernando Peña maneja ese banco a su antojo al servicio de la señora Sandra de Colom y como socio y financista con fondos del banco de los negocios de Gregorio Valdez y Gustavo Alejos, sin que el presidente del banco, José Ángel López, haya hecho nada para evitar que Fernando Peña haya convertido a Banrural en la cueva de ladrones, narcos y asesinos que hoy es.

Con la impunidad que los guatemaltecos le hemos permitido en los últimos años a los ladrones y asesinos de este país, José Angel López, Fernando peña y el cobarde de Gerardo de León, en forma directa amenazan e intimidan a don Khalil Musa, pocas semanas antes de su asesinato y el de su hija, para que renuncie a su nombramiento y don Khalil Musa les manifiesta, como caballero que siempre fue, que no tenia ningún problema con que se cancelara su nombramiento, pues quien le solicitó que aceptara dicho cargo, fue Gustavo Alejos y Gregorio Valdez de acuerdo con nuestro flamante presidente Alvaro Colom y su sombra permanente Sandra de Colom.

Don Khalil Musa le hace saber su decisión a Gustavo Alejos y Alvaro Colom, de no participar en la directiva de Banrural para evitar problemas, pero ellos le manifestaron que por favor les diera tiempo, pues todo estaba resuelto, sin tener la menor idea don Khalil Musa que una vez los ladrones y los asesinos se pusieran de acuerdo, lo iban a asesinar junto con su hija Marjorie Musa, (cuyo único pecado fue ser una hija ejemplar que siempre acompañaba a su padre), pues ya había cumplido su cometido, sin importarles nada ni nadie y con la completa tranquilidad de saber que los buenos guatemaltecos, una vez mas iban a hacer absolutamente nada, justificando su falta de acción, en la impotencia que nos acosa o diciendo simplemente *****seguro en algo estaban metidos*****

Haciendo alarde de la falta de cualquier principio o valor moral y del más mínimo sentido de la vergüenza, Gustavo Alejos Personalmente, luego de tratar de inventar otras hipótesis que nadie aceptó por conocer la calidad moral de los asesinados, le manifiesta a la familia de don Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, que lamentablemente los habían asesinado por los problemas horribles que existen en Banrural, llegando al colmo que el mismo presidente Alvaro Colom invita a un pariente político de don Khalil Musa a su despacho para confirmar lo dicho por su Secretario Privado.

Ahora usted puede entender porque ni Alvaro Colom ni mucho menos Gustavo Alejos, se cuidaron de no declarar públicamente lo que le dijeron a la familia de don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa y dieron la orden al incompetente y corrupto del ministro de Gobernación y al inexistente Fiscal General de la Nación, para que dejaran, una vez más este cobarde asesinato sin resolver, como sucede con todos los asesinatos, robos y violaciones que tienen a Guatemala sumida en su peor época.

Día a día esta horrible historia se repite y llena de dolor una familia más de nuestra Guatemala, mientras los buenos guatemaltecos decidimos ver para otro lado y rezar que no nos toque a nosotros.

Ya basta, rescatemos nuestro país de los ladrones, de los asesinos y de los narcos y todos juntos recuperemos nuestra Guatemala, nuestros valores y nuestra fe en la justicia y echemos a patadas al actual títere que tenemos por presidente y metamos a la cárcel a los ladrones y asesinos, empezando por Gustavo Alejos, Gregorio Valdez, Fernando Peña y Gerardo de León, entre otros, y de una vez exijamos la renuncia de todos los miembros actuales de nuestro Congreso, que, con muy contadas y honrosas excepciones son un atajo de ladrones y empecemos de nuevo por amor de Dios y de nuestro país.

Seguramente los cobardes se defenderán tratando de manchar la memoria de don Khalil Musa o de su hija Marjorie Musa y tratarán de convencer a los guatemaltecos que todo esto es un nuevo complot, pero al final, la única verdad que cuenta es que si usted leyó este mensaje es porque yo Rodrigo Rosenberg Marzano fui asesinado por Gustavo Alejos y Gregorio Valdez con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sanda de Colom, por negarme a que se convirtiera en una estadística más el cobarde y vil asesinato de dos increíbles personas como lo eran Don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa y seguir entregando mi país a los asesinos cobardes, ladrones y narcotraficantes que actualmente lo gobiernan.

Rodrigo Rosenberg Marzano

A-1 602624


PS

Al señor vicepresidente de la República doctor Rafael Espada le recuerdo que el que calla otorga y que usted que no es ni un ladrón y ni asesino, debe ser el primero en encabezar un movimiento para recuperar nuestra Guatemala, y hacer que se cumpla la ley con ayuda de todos los buenos guatemaltecos que le apoyan sin reservas.

Amazonía peruana se levanta por sus derechos territoriales
by Mariátegui. La revista de las ideas. Friday, May. 08, 2009 at 11:38 PM

Prensa CAOI / Foto: AIDESEP


Comunidades nativas exigen derogatoria de normas inconstitucionales y detener la criminalización de sus organizaciones y líderes.

En nuestro continente y en particular en la Región Andina, la pauta del enfrentamiento a la globalización neoliberal que arrasa con los derechos humanos y colectivos la están poniendo los pueblos indígenas. Como parte de este proceso, en el Perú los Pueblos Amazónicos y sus organizaciones desarrollan en estos momentos una movilización indefinida en defensa de sus territorios y de la vida.

El gobierno peruano implementa autoritariamente el neoliberalismo en crisis. Negocia y firma tratados de libre comercio totalmente lesivos a la soberanía nacional y a los derechos de los pueblos; abre las puertas sin restricción alguna a las inversiones multinacionales para el saqueo de los bienes naturales. Y en ese camino vulnera los derechos de las comunidades indígenas, amparados por instrumentos internacionales (Declaración de la ONU, Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución Nacional.

Lo hace a través de normas como el paquete de decretos legislativos emitidos el año pasado para implementar el TLC con Estados Unidos y los once decretos legislativos emitidos el 2007 para criminalizar la protesta. Los pueblos indígenas amazónicos lograron con su movilización de agosto del 2008 la derogatoria de dos de ellos, pero quedan 99 vigentes. Por ello han reiniciado la lucha.

También la han reiniciado para poner fin a la criminalización del ejercicio de derechos indígenas. En el Perú hay cientos de dirigentes y líderes perseguidos, presos y procesados judicialmente por defender a sus comunidades. Todo para imponer un modelo cuyo fracaso está marcando el fin de un modelo civilizatorio.

El Perú es el país de Latinoamérica que ha dado en concesión la mayor parte de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos. El 72% de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. Son 67 lotes de hidrocarburos que se superponen en la selva peruana, de los cuales 47 lotes están ubicados en la Región Loreto. Y pasan por encima de los territorios indígenas y de las reservas naturales.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, expresa su solidaridad con el movimiento indígena amazónico peruano y sus organizaciones, se suma a la exigencia de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC y de la criminalización, exigiendo la amnistía para todos los líderes y dirigentes comunales, andinos y amazónicos, procesados por defender a sus comunidades.

Llamamos también a continuar articulando las demandas y propuestas de los pueblos andinos y amazónicos, que ya estamos unidos en el amor y armonía con la Madre Tierra, la defensa de nuestros territorios como eje de nuestra identidad, y la práctica del Buen Vivir que ofrecemos al mundo como alternativa de vida al agonizante capitalismo neoliberal de muerte y destrucción de la Pachamama.

Estamos seguros que la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, que se reunirá en Puno, Perú, del 27 al 31 de mayo próximo, será un paso decisivo en este proceso de articulación y construcción de propuestas.


Miguel Palacín Quispe
Coordinador General de la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)


Sábado 9 de mayo de 2009.

Declaran estado de emergencia en zonas indígenas de Perú

Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que el estado de emergencia suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio. Esto, fue rechazado por los indígenas, que lo consideraron, según precisó a teleSUR el dirigente Alberto Pizango, como una ''clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano".
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TeleSUR _ Hace: 04 horas

El Gobierno de Perú proclamó este sábado el estado de excepción durante 60 días en varios departamentos del país, a raíz de las intensas protestas que lideran los grupos indígenas de esas regiones desde el pasado 9 de abril.

Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que la decisión suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.

La medida fue aplicada en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas, y los centrales Ucayali y Cuzco.

Frente a la medida, el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, declaró en entrevista exclusiva a teleSUR, que la medida asumida por el gobierno no es más que "una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano".

"Con ello, está matando a los pueblos legítimamente que reclaman sus derechos. Aquí ya se vive un clima de que ésta es la respuesta que tienen los pueblos antes que la solución a sus problemas, siendo la agresión y la muerte", consideró el líder indígena, al tiempo que añadió que esta es la manera como los han venido tratando, de manera incivilizada, por más de 150 años.

Según el gobierno, la medida busca restablecer el orden público ante las manifestaciones que demandan la anulación de una serie de decretos y leyes que según los nativos apuntan a privatizar la región selvática.

Además, detallan que las protestas han puesto en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos en el país.

En la medida han sido comprendidos los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cuzco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto, e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.

El estado de Emergencia, que coincide con el plazo dado por Aidesep para que el primer ministro peruano, Yehude Simon, instalara una mesa de diálogo con las organizaciones abígenes, tiene por objetivo "la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes", explicó el decreto.

La solicitud de la etnia fue apoyada el pasado viernes por un grupo de obispos de la Amazonía peruana, cuando nueve prelados precisaron que las polémicas normas "no aportan al desarrollo integral de la población amazónica" y que "por el contrario, surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región".

Así, los religiosos solicitaron al Gobierno y al Congreso peruano que dialoguen y busquen soluciones justas y pacíficas en favor de un desarrollo integral de la región, así como "la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuyan a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones amazónicas".

En la protesta se pide la derogación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, que se considera que vulnera los derechos a la propiedad y el control de los recursos naturales de los indígenas.

Tal como explicó Alberto Pizango, los cuerpos indígenas rechazan el paquete de leyes porque no fueron consultados tal como lo establece el convenio 169 "que estipula en su artículo 6 de que cualesquiera actividades o medidas legislativas que se tengan que dar para el territorio o pueblos indígenas, tienen que ser consultados a saber de sus organizaciones representativas", explicó.

"El gobierno, lejos de consultar a los pueblos indigenas, ha sacado todo un paquete de ley de 104 decretos legislativos, que atentan contra el país. De esos 104 decretos, 11 han sido muy lesivos para la Amazonía (...) y a partir del día 9 de agosto (2008), el levantamiento de los pueblos ha derogado 2 decretos legislativos, quedando otros 9 para que se conformara una comisión multipartidaria para que llegue a evaluar y dar una solución de derogatoria", continuó Pizango.

No obstante, "a pesar que esa comisión multipartidaria habría dado su informe el 13 de septiembre del 2008, desde esa fecha hasta la actualidad los pueblos esperaron"

"Y como no había ninguna respuesta, ni voluntad política por parte del Congreso de la República, los pueblos decidieron movilizarse (desde el pasado 9 de abril) para exigir que estos 9 decretos legislativos sean derogados y de esta manera, solucionar los grandes problemas", concluyó el líder indígena.

Ya el pasado viernes el primer ministro peruano, Yehude Simon, advirtió a los indígenas sobre la medida de emergencia que este sábado se materializó.