Somos Sudacas

En El Salado fueron asesinadas 66 personas, entre hombres mujeres y niños. SEMANA reconstruye cómo se planeó y ejecutó la peor masacre cometida por los paramilitares

Por Marta Ruiz, periodista de Semana.
La masacre dejó 66 personas asesinadas entre mujeres,
hombres y niños. Foto de SEMANA.


- Móviles de la masacre de El Salado
- Hablan víctimas y sobrevivientes 3 años después
Con una pistola en la mano, y un puñal en la otra, el 'Gallo' buscaba casa por casa a la mujer que él creía era la novia de 'Martín Caballero', el jefe del Frente 37 de las Farc. El paramilitar costeño, gritón y vulgar, recorrió las calles de El Salado, un pueblo remoto incrustado en los Montes de María, dando patadas a las puertas y amenazando con sus armas a todas las muchachas que se encontraba a su paso. Hasta que encontró a Nayibis Contreras. Ella apenas sobrepasaba los 16 años. Tenía el pelo negro y largo, y aterrada intentaba esconderse en su casa. En el pueblo se rumoraba que sostenía amores con Camacho, uno de los jefes guerrilleros de la zona que habían hecho de El Salado un lugar de aprovisionamiento y descanso, pero también una retaguardia para el robo de ganado, el secuestro y las emboscadas a los militares.

Cuando la tuvo al frente, el 'Gallo' enredó su larga cabellera en su brazo y la arrastró sin piedad por las polvorientas calles del pueblo. Dando tumbos entre las piedras, la llevó hasta la cancha de fútbol donde se agolpaba una multitud de campesinos, convertidos a la fuerza en público de la carnicería humana que se avecinaba.

Finalizaba la mañana del 18 de febrero de 2000, y un sol inclemente caía perpendicular sobre la plaza. En el piso yacía el cuerpo aún tibio de Luis Pablo Redondo, un maestro al que habían torturado y asesinado cruelmente. Lo hicieron frente a un centenar de pobladores que miraban estupefactos el espectáculo. Para empezar le quitaron las orejas con un cuchillo. Luego, lo apuñalaron decenas de veces entre las costillas y el vientre. Aún vivo, le pusieron una bolsa negra en la cabeza. Los gritos del atormentado se confundían con pequeños quejidos del público horrorizado. La voz del hombre se fue apagando y luego un tiro de fusil lo dejó todo en silencio. Ni siquiera los perros ladraron. El eco del disparo se sintió en todo el pueblo. La matanza había empezado. Y ahora Nayibis, apaleada en todo el cuerpo, estaba en el cadalso, atada al único árbol que le da sombra a la plaza, mirando de frente, con ojos despavoridos, la iglesia de la que hasta Dios había huido.

Algo va a pasar en este pueblo

Los saladeños presentían que algo terrible iba a ocurrir. En los últimos meses había señales de muerte por todos lados. Pero una década atrás, nadie habría imaginado este terrible desenlace. El Salado era un corregimiento de Carmen de Bolívar, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal, por una trocha que con frecuencia se convertía en lodazal. Aun así, era una tierra promisoria, con 5.000 habitantes urbanos y otro tanto en las veredas, que soñaba crecer un poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio, lo que significaría más inversión pública. El Salado, además, se había convertido en una especie de oasis agrario, rodeado de arroyos y cerros verdes, en medio de una geografía adusta y desértica y de la inmensa pobreza de los Montes de María, que atraviesan Bolívar y Sucre. Tenía un centro médico envidiable, con enfermera, odontólogo y hasta ambulancia; varias escuelas y un colegio donde los muchachos estudiaban hasta noveno grado; dos concejales y hasta estación de Policía. Todos tenían su pedazo de tierra, en promedio de 40 hectáreas, donde se cultivaba tabaco en grandes cantidades, maíz, ñame y yuca.

Los hombres sembraban, recogían y secaban el tabaco, mientras las mujeres, contratadas por dos grandes empresas -Espinoza y Tayrona-, lo seleccionaban, prensaban y empacaban; lo que le dio una incipiente cultura fabril al pueblo.

Edita Garrido, una delgada mujer que pasa los 40 años, de ojos negros vivaces y una sonrisa a la que le asoman unos cuantos dientes, recuerda estas épocas como las mejores de su vida: "Todos los días estábamos allá hasta las 4 de la tarde. Éramos 80, tal vez 100. En medio del trabajo nos reíamos con los cuentos de Julia Gómez, una compañera que nos entretenía tanto, que varias veces la echaron, pero tenían que volver a llamarla, porque el trabajo no era lo mismo sin ella". Edita dice que no se conocía el hambre y que la abundancia era tal, que el rico del pueblo, Don Eloy Cohen, mataba una vaca día de por medio y vendía hasta el cuero. La gente tenía dinero para comprar lo básico, y aun más.

La prosperidad había hecho que la guerrilla pusiera sus ojos en El Salado. Los frentes 35 y 37 de las Farc hostigaban con frecuencia a la decena de policías que mal armados intentaban defenderse, hasta que un día vino un helicóptero y se llevó para siempre a los agentes. Así, El Salado quedó expuesto a su suerte y a las Farc. Los saladeños probaron el amargo sabor de la violencia guerrillera, que ya se había extendido por todo el país y que incluso tenía acorralados a muchos pueblos.

Empezaron las extorsiones a los campesinos más pudientes. Santander Cohen -hijo del patriarca Eloy Cohen- se negó a pagarles y de inmediato se convirtió en objetivo militar. Cohen tenía una estrecha amistad con el teniente coronel Alfredo Persán Barnes, comandante de un Batallón de la Infantería de Marina, y recurrió a él en 1995, cuando sintió que estaba acorralado en el pueblo y que la guerrilla definitivamente lo mataría. El coronel Persand entró a El Salado a rescatarlo, pero cuando salía, a sólo unos minutos del pueblo, fue emboscado por los insurgentes. Murieron Cohen y Persand, el teniente Tony Pastrana y 27 infantes de Marina. Uno de los mayores reveses de los que tenga memoria la Armada. Esa acción dejó una marca indeleble en El Salado. En adelante, este sería considerado un pueblo guerrillero, incriminado por no haber advertido a los militares la cruenta trampa que había tendido el jefe guerrillero 'Martín Caballero'. El ataque también fracturó la vida comunitaria. Mientras algunas personas mantenían trato cotidiano con los milicianos de las Farc que permanecían en el pueblo, otras empezaban a sentirse agobiadas por los secuestros, las vacunas y las injusticias que cometían los guerrilleros.

Pasó poco tiempo antes de que ocurriera la primera masacre. En 1997 un grupo armado, enviado al parecer por ganaderos de la zona, con lista en mano, asesinó a cinco personas, entre ellas a la maestra del pueblo. En cuestión de horas El Salado se había convertido en un pueblo fantasma. Absolutamente todas las familias salieron desplazadas, con sus trastos y sus animales, a la espera de garantías para regresar. A los tres meses, la Armada se instaló por unas semanas en el pueblo y poco a poco las familias retornaron. Para entonces, El Salado quedó reducido a la mitad de lo que era. La guerra había traído consigo la pobreza. Las tabacaleras se fueron y las incipientes exploraciones de petróleo y gas fueron suspendidas.

La tensión se hizo más envolvente a finales de 1999, cuando los campesinos que trabajaban El Salado y sus alrededores vieron cómo las Farc arreaban unas 400 reses con la marca inconfundible de Enilse López, una poderosa empresaria del chance que para entonces ya era temida por todos en Magangué, ciudad a orillas del río Magdalena, que quedaba justamente a espaldas de El Salado. La 'Gata', como la conocían todos, se movía como pez en el agua entre los políticos de Sucre y Bolívar. Cuando su ganado desapareció de la finca Las Yeguas, Policía y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había pasado por El Salado, y de allí desapareció. La Policía pensaba que las Farc lo habían repartido entre los campesinos en lotes de cinco o seis reses, y compartido ganancia con ellos.

En diciembre de ese año, un helicóptero desconocido sobrevoló el pueblo y lanzó unos panfletos en los que decía: "Cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más". Y en enero, un campero fue detenido en la carretera, y asesinados sus cuatro ocupantes.

Delcy Méndez, quien llevaba más de una década como enfermera de El Salado, pensó que no aguantaba más cuando recibió una llamada de una amiga de Cartagena quien le advirtió: "Salte de El Salado porque algo va a pasar". Entonces cogió su ropa y, sin pensarlo dos veces, se fue para Carmen de Bolívar. Como en un cuento de García Márquez, ella dice: "No sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que algo estaba por suceder".

La tenaza

A principios de febrero 'Juancho Dique', el jefe de sicarios de los paramilitares en Sucre, recibió una llamada de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Cadena', su jefe, ya para ese momento el hombre más temido en las sabanas y el golfo de Morrosquillo. 'Cadena' le ordenó a 'Juancho Dique' que reuniera unos 60 hombres en la finca El Palmar de San Onofre, a unos pocos minutos del mar Caribe. 'Juancho Dique' supo desde ese momento que se trataba de algo grande, un combate masivo con la guerrilla, o una masacre. 'Dique' había nacido en 1971 en Córdoba, en una familia campesina supremamente pobre. Siendo muy joven empezó a rebuscarse la vida como minero, hasta que ingresó al Ejército. De allí había salido en 1996 para vincularse de tiempo completo a una Cooperativa de Seguridad -Convivir- que habían fundado los ganaderos de Sucre con apoyo de la Primera Brigada de Infantería de Marina, apostada en Corozal, y cuyo jefe era 'Cadena', un ex informante de los militares.

Según cuenta el propio 'Dique', en 1997, cuando las Convivir fueron prácticamente ilegalizadas, 'Cadena' y sus hombres se apoderaron de San Onofre. Se habían convertido en una estructura paramilitar que recibía órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que mantenía fluidas relaciones con militares, policías, ganaderos y políticos, y que estaba haciendo del narcotráfico por el Golfo de Morrosquillo el negocio más jugoso de la región.

'Juancho Dique' era el jefe militar de 'Cadena', por eso era el comisionado para la misión que habían ordenado Castaño, Mancuso y 'Jorge 40': entrarían a El Salado a desterrar a la guerrilla y todos los pobladores, y dejarían instalado allí un grupo de los paramilitares.

La noche del 15 de febrero salieron de San Onofre en dos camiones por la carretera principal que conduce a Cartagena, y en la madrugada se encontraron cerca de Carmen de Bolívar con otros dos grupos de paramilitares, todos estrictamente uniformados, con armas automáticas, granadas de fragmentación en las cananas y munición de sobra en las charreteras. Uno de los grupos venía de Magdalena, enviado por 'Jorge 40', y estaba bajo órdenes de un paramilitar llamado 'Amaury'. El otro grupo de paramilitares venía de Córdoba, al mando de 5-7. El jefe de toda la operación era un antioqueño conocido como 'H2' o John Henao, cuñado de Castaño, cuya principal misión, una vez ingresaran a El Salado, era recoger todo el ganado que encontraran, atravesar el río Magdalena y dejarlo, seguramente, en las sabanas de ese departamento.

Una vez reunidos los tres grupos, planearon la entrada por sitios diferentes. Un grupo entraría a El Salado por la carretera principal de El Carmen. Otro haría el ingreso por Ovejas, siguiendo la vía Flor del Monte y Canutalito, y el último llegaría por un sitio conocido como La Reforestación. En total, unos 300 hombres, guiados por cinco desertores. "Según entiendo, se habían entregado a la Infantería de Marina, y de ahí se los entregaron a 'Cadena'", asegura 'Dique'.

Los camiones fueron abandonados en las carreteras grandes. El recorrido hasta El Salado, según el plan trazado, se haría a pie por los caminos veredales. De esa manera irían recogiendo el ganado y matando a quienes encontraran a su paso. La orden era entrar sin piedad y hacer una tenaza sobre el pueblo. En cuestión de pocas horas, el grupo de paramilitares que iba bajo órdenes de 'Juancho Dique' y 'Cadena' había matado a 19 campesinos, casi todos ahorcados con sogas, o degollados con cuchillos, para que el ruido de los fusiles no alertara a los vecinos. 'Cadena' se ubicó en una finca conocida como La 18, y allí instaló una especie de hospital de campaña y de abastecimiento de armas y víveres que le traerían por helicóptero Mancuso y 'Jorge 40'.

Amaury había entrado por la vía principal, dejando tras de sí una estela de terror y muerte. En la mañana del 16 de febrero, los paramilitares detuvieron en la carretera a uno de los camperos que cada día hacían el viaje entre El Salado y Carmen de Bolívar. En el carro iban, entre otros, Edith Cárdenas, una mujer líder y reconocida por todos en El Salado. Según testimonio dado días después por María Cabrera, promotora de salud que también iba en el carro, los paramilitares miraron los hombros de Edith y los vieron marcados y asumieron que era una señal inequívoca de que la mujer cargaba morral, y que era guerrillera. En realidad, eran las marcas del uso de camisetas escotadas, para lidiar el calor de la zona. "¡Habla Edith, habla. No te quedes callada!", le gritaba María, pero Edith no pudo hablar del miedo. La mataron. A ella y a los demás. Sólo María y otro pasajero pudieron escapar por los rastrojos, corriendo desesperados para salvar sus vidas.

Para entonces ya las Farc se habían percatado de la incursión y habían salido hacia la carretera, a combatir con las autodefensas. Pero muy pronto se dieron cuenta de que los paramilitares eran muchos, tenían apoyo aéreo y que los estaban cercando.

Mientras tanto en el pueblo la inquietud crecía. Por una llamada telefónica alguien supo que el campero que salió de El Salado nunca había llegado a su destino en El Carmen. Luego empezaron a llegar campesinos que huían despavoridos de las veredas que los paramilitares estaban arrasando. Los habitantes de El Salado, llenos de pánico, se reunieron sin saber qué decisión tomar. Muchos emprendieron la huida sin pensarlo dos veces. Otros entendieron que el desplazamiento era inminente cuando vieron a los guerrilleros de las Farc corriendo en retirada. Habían perdido hombres, tenían varios heridos y estaban buscando refugio en el monte. Uno de ellos alcanzó a decirles a los habitantes de El Salado: "Corran, corran que vienen a acabar el pueblo".

Teresa Castro y David Montes, una pareja que a pesar de los infortunios parece feliz, fueron de los primeros que emprendieron la retirada. "En el camino a Arenas nos reunimos en un caney de tabaco como unas 100 personas. Los niños lloraban de hambre y sed. Queríamos devolvernos, pero cuando oímos los tiros y supimos que estaban matando a la gente en los caminos, nos tiramos al monte. Duramos dos días caminando sin nada que comer. Me desmayé y les pedí a los demás que siguieran. Pero no me dejaron, y al fin pudimos salir", cuenta Teresa.

El camino fue tan tortuoso, que Helen Margarita Arrieta, una niña de apenas 6 años, murió deshidratada mientras le imploraba a una vecina que le diera agua. Pero en esas tierras no había ni una gota de líquido. Sólo el inclemente calor de la Costa.

Por temor a morir de hambre y de sed muchos regresaron al amanecer del 17 de febrero. Unos a empacar sus enseres y salir definitivamente. Otros, apegados del viejo proverbio de que quien nada debe, nada teme. Una de las que regresaron fue Leticia1. "Habíamos dormido en el monte y mis hijas suplicaban por comida, así que volvimos, después de que el lechero nos dijo que en El Salado no habían entrado los paras", recuerda.

En medio de la zozobra por los disparos que se oían a lo lejos, pasaron las aproximadamente 200 personas que aún quedaban en el pueblo ese jueves 17 de febrero. La aparente calma se vino a romper el viernes a las 9 de la mañana, cuando de repente vieron el pueblo lleno de hombres armados. No hubo tiempo de huir. "Estamos en El Salado ¡no joda!. Salgan, partida de guerrilleros, que todo el mundo se muere hoy", gritó uno de los paramilitares, y Leticia, que estaba en el lavadero, empezó a llorar porque desde ese momento supo que la tragedia tan anunciada ya era inevitable. La muerte se cernía sobre El Salado.

Orgía de sangre

"Cuando llegamos a El Salado mandamos a recoger la gente y la reunimos en la plaza, junto a la iglesia. Los desertores señalaban a los guerrilleros y los íbamos ejecutando", dice sin sombra de conmoción 'Juancho Dique'. "Llegaron tumbando puertas", recuerda Leticia, con voz temblorosa. A empellones, el 'Gallo' la sacó a ella y a su familia del rancho donde vivía. Una vez en el atrio de la capilla, vio con estupor que su hijo estaba ya en el grupo seleccionado por los paramilitares. Con lágrimas en los ojos, y sacando valor de donde no tenía, les gritó a sus verdugos: "conduélanse de esa alma", y señaló al muchacho. Por alguna razón que aún no entiende, su hijo salió ileso. Del cuerpo, pero no del alma, pues todavía no se recupera de todo lo que vio esa tarde.

Las súplicas de Leticia se vieron interrumpidas por el espectáculo de Nayibis, arrastrada por la calle principal del pueblo. "La guindaron de un árbol y con las bayonetas de los fusiles la degollaron", reconoce el paramilitar 'Dique' en su versión libre.

Mientras tanto, un helicóptero que volaba bajito ametrallaba las casas del pueblo. En una de ellas murió destrozado por una bala Libardo Trejos, quien se escondía junto a varios vecinos, y cuya sangre bañó durante todo el día a una niña de 5 años, que desde ese día no ha vuelto a hablar ni se ha recuperado del trauma.

Las víctimas, según testimonios de los sobrevivientes recogidos por SEMANA, fueron elegidas al azar. Algunos porque fueron señalados por los desertores de las Farc. Otros, como Francisca Cabrera, porque tenían mucho miedo. Otros sin explicación, como Ever Urueta, que sufría de retraso mental y fue torturado sin piedad para que supuestamente confesara que pertenecía a las Farc.

Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaba de cadáveres la plaza, y como los paramilitares festejaban su 'hazaña'. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones, y con cada muerto, hacían un toque. Era un ambiente de corraleja, donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas.

Los paramilitares recién reclutados pedían a sus superiores que les permitieran disparar, como si fuera un privilegio. "Ellos me decían: 'deme la oportunidad, quiero darle de baja a una persona...'", entonces yo se la daba, contó 'Juancho Dique'.

Como si fuera poco, violaron a una mujer varios hombres en fila. Se ensañaron en las mujeres. A algunas de ellas les metieron los alambres donde se seca el tabaco por la vagina. A todas las insultaron diciéndoles que eran las amantes de los guerrilleros.

Mientras 'Dique', el 'Tigre', el 'Gallo' y el resto de los paramilitares se regodeaban en la humillación y el castigo a la gente, el comandante de la operación, 'H2', consumaba la tarea principal que se le había encargado. Tenía casi mil cabezas de ganado recogidas y empezó la marcha con ellas, guiado por el administrador de la finca Las Yeguas, de donde habían sido robadas las reses de la 'Gata".

Al caer la noche, en la cancha yacían 18 cadáveres. El sol inflamó los cuerpos muy pronto y los cerdos, atraídos por la sangre, empezaron a devorarlos. Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El número de víctimas ese día, sólo en la parte urbana de El Salado, ascendía a 38. Y en los alrededores ya llegaba a 28.

Esa noche nadie durmió, nadie comió, nadie bebió. Y nadie habló. El silencio sólo fue interrumpido por las cigarras, el viento que levantaba los techos y las voces de los paramilitares que patrullaron toda la noche. Lejos se oían de vez en cuando disparos y risas.

Al amanecer los paramilitares seguían allí. Parecía que la pesadilla nunca acabaría. Parecía que se hubiesen quedado para siempre. Entonces, mordiendo el polvo, la gente sacó mesas para poner sus muertos, abrieron la iglesia y arrumaron allí los cadáveres para salvarlos de los animales y del sol. Empezaron a cavar fosas en silencio, mientras los paras saquearon las tiendas y empezaron a beber y a bailar. Pasadas las 4 de la tarde se escucharon unos disparos al aire. Era la señal de la retirada. Empezaron a salir, borrachos, advirtiéndoles a los sobrevivientes que deberían irse y no regresar jamás.

A las 5 la gente pudo por fin llorar a sus muertos. Se abrazaban unos a los otros, gritando, revolcándose en el suelo de tristeza. Maldiciendo y pidiendo castigo. Los perros, que habían estado callados todo el tiempo, empezaron a aullar desesperados.

El desplazamiento empezó de inmediato. Atrás dejaban un pueblo herido de muerte. Élida Cabrera, que acababa de enterrar a su hermana, sólo atinó a pensar: "Colombia es un país corrupto. En cinco días no hubo nadie que nos ayudara".

País corrupto

Una hora después de que los paramilitares abandonaron el pueblo llegó la Infantería de Marina. Ya eran las 6 de la tarde del sábado 19 de febrero. La incursión había empezado el martes. El miércoles, ya el Hospital del Carmen de Bolívar estaba atendiendo a los que habían huido por los montes. Todo el mundo sabía que estaban matando a la gente de El Salado. Menos las autoridades.

Ledys Ortega, una joven líder de El Salado que ahora actúa como inspectora de Policía, fue una de las que encendieron las alarmas. "El alcalde no nos escuchó. Por el contrario, cerraron la carretera y no dejaron pasar a nadie". La troncal de la costa empezó a taponarse por las decenas de familiares que se agolpaban allí buscando desesperadamente entrar por sus propios medios a El Salado, y ver qué estaba pasando. La Cruz Roja, los noticieros de televisión, todos estaban allí. Pero nadie pudo pasar. Los militares simplemente dijeron que la carretera estaba minada. Y que no tenían helicópteros disponibles para una operación aérea.

El viernes 18 de febrero a las 8 de la noche, cuando ya la masacre estaba consumada y los paramilitares llevaban tres días cerrando su tenaza sobre El Salado, en la gobernación de Sucre se hizo por fin un consejo de seguridad, encabezado por el entonces coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el gobernador encargado, Humberto Vergara, reunión que bien puede pasar a los anales de la historia como la conjura de la infamia.

Según reposa en el acta, el primer punto tratado fue la información del DAS sobre el robo de 500 reses pertenecientes a Miguel Nule Amín y a la esposa del ganadero Joaquín García, en la zona rural de San Onofre. Tanto el gobernador, Eric Morris -hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares-, como el senador Álvaro García Romero -detenido y acusado de paramilitarismo y de la haber participado en la masacre de Macayepo- y el propio Nule Amín -aliado de los paramilitares- le habían pedido a la Armada, según testimonios de los oficiales, que movieran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró y de cuyo hurto tampoco hubo denuncia formal. Hoy muchos de estos oficiales piensan que el robo nunca existió y que sólo fue una coartada para desviar la atención de los militares y la Policía.

En el tercer punto (en el acta falta el segundo) del consejo de seguridad se informa que el 16 de febrero, cuando empezaba la incursión a El Salado, la Policía vio un helicóptero Bell, azul y blanco artillado, cerca del río Magdalena y que por acción de la Armada y la Fuerza Aérea este fue inmovilizado, que los tripulantes se identificaron como miembros de las AUC y que luego incineraron el aparato. El helicóptero llevaba munición, y quienes lo piloteaban nunca fueron capturados. Hoy se sabe por testimonios de los desmovilizados que el piloto era Andrés Angarita, ex oficial de la aviación del Ejército, que llegó a tener un alto rango en las autodefensas, y que ya fue asesinado. El otro, según testimonios, era 'Jorge 40'. Lo que nunca se ha sabido es por qué no fueron capturados, si es que el aparato fue inmovilizado, ni cómo lograron sobrevivir, si es que fue derribado, como dice la Armada.

Ese mismo miércoles 16 de febrero, cuando se empezaron a ver movimientos de paramilitares y cuando ya había en varios corregimientos cadáveres de campesinos degollados, la Policía había reportado estas muertes que, por sus características, eran propias de una masacre. Sin embargo, en el consejo de seguridad se advierte que "el número de levantamientos que hizo el CTI es de nueve y no se descarta que aparezcan más muertos producto del enfrentamiento entre las AUC y el 37 frente de las Farc".

El consejo de seguridad se cierra con una conclusión demoledora: "Los delincuentes de las AUC emplearon en sus actos delictivos a guerrilleros de las Farc que los guiaron hasta los campamentos del Frente 37"... "La modalidad de realizar actos delictivos de civil por parte de los bandoleros de las Farc les permite confundirse con la población civil y pasar a ser campesinos en el momento de un enfrentamiento armado"...

Había evidencias de que estaban asesinando civiles y de que era una masacre escalofriante. Aun así, todas las autoridades allí reunidas prefirieron creer que se trataba de combates entre grupos armados. Basados en esta hipótesis -o cortina de humo-, no hicieron nada diferente a esperar. Teoría que nadie, excepto ellos, creyó. Por eso finalizan la reunión diciendo: "Los medios de comunicación, por su afán de tener la primicia, no manejan informaciones oficiales; por el contrario, multiplican el drama de las familias y desinforman a la opinión pública".

En los precarios y manipulados procesos judiciales nunca se ha probado la complicidad de autoridades civiles y militares, o de ganaderos en esta matanza. En cambio sí hay muchos testimonios y documentos que demuestran que hubo complicidad, sobre todo en la retirada.

'Juancho Dique' narra así el repliegue: "Salimos en tres camiones como Pedro por su casa... 'Cadena' ya tenía todo arreglado".

El 23 de febrero, cinco días después de la masacre, cuando ya todo el gobierno estaba en el ojo del huracán por la increíble negligencia con la que había actuado, la Armada reportó la captura de 11 paramilitares. Efectivamente se trataba del grupo que llevaba el ganado rumbo al Magdalena y que encabezaba el cuñado de Castaño, 'H2'. Un año después, 'H2' se fugó de la cárcel Modelo, por la puerta principal y, desde entonces vivía al lado de Castaño, junto a quien fue asesinado en 2004.

No sobra decir que la justicia nunca encontró pruebas para vincular con la masacre a nadie que tuviera rango militar o poder político. Sólo ahora, cuando en las versiones libres de Mancuso, 'Juancho Dique' y el 'Tigre', y los testimonios aún temerosos de las víctimas, se empieza a conocer que en esta matanza convergieron intereses económicos de gamonales que veían amenazado su patrimonio por las acciones de las Farc, de narcotraficantes que querían controlar el territorio que unía el sur de Bolívar con el mar Caribe y que era clave para sus negocios, intereses de autoridades que querían derrotar a las Farc mediante la guerra sucia, y de políticos que ya tenían en curso un plan de control total de la Costa. Todo esto junto hizo posible esta barbarie sin límite.

Jairo Castillo, más conocido como 'Pitirri', el principal testigo de la para-política, aseguró en una declaración en la Corte Suprema de Justicia que la 'Gata' instó a Mancuso a recuperar su ganado. Pero aún no se ha investigado si el ex gobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero Miguel Nule Amín intentaron desviar a los organismos de seguridad. O si estos, sencillamente por complicidad o incapacidad, permitieron la masacre que castigaba a un pueblo que les era adverso y con el que tenían una deuda de sangre.

El frente 37 las Farc se mantuvo en la zona rural de El Salado hasta el año pasado cuando 'Martín Caballero' murió en combates con la Infantería de Marina. El balance final es que en El Salado y sus alrededores hubo 66 muertos. Las víctimas saben que más allá del ganado o de la disputa de territorio entre guerrilla y paramilitares, había intereses estratégicos de mucha gente sobre El Salado.

Acto de contrición

Hace pocos meses el coronel de la Infantería de Marina Rafael Colón, quien después de esta masacre combatió sin tregua a los paramilitares, y en especial al temible 'Cadena', pidió perdón públicamente por las omisiones que en el pasado hubiese cometido la Armada y que propiciaron esta masacre, y otras que ocurrieron antes y después. Pero este tímido acto de contrición fue desautorizado en pocas horas por sus superiores, que sintieron herido el honor militar. Aun así, su labor ha sido fundamental para que algunos pobladores retornen a este pueblo y a otros de los Montes de María, y que muchos de ellos vuelvan a confiar en las fuerzas militares.

A El Salado han retornado cerca de 400 familias que saben que su pueblo jamás volverá a ser lo que fue. Otro tanto de personas se han postulado como víctimas para ser reparadas y siguen de cerca las declaraciones de los paramilitares que cometieron los crímenes más atroces contra ellos. Pero las heridas son profundas y difíciles de curar.

La guerra en todo caso acabó con una comunidad que tenía en la tierra una promesa de progreso. Algo que seguramente podrán disfrutar otros. Pero no quienes nacieron y vivieron allí.

Desde el año pasado, una empresa de sísmica busca gas y petróleo en El Salado, según dicen los especialistas, con buenas perspectivas. La muerte de 'Caballero', la seguridad democrática y el retorno han revalorizado las tierras. Empresarios y ganaderos antioqueños ya han comprado más de 15.000 hectáreas para ganadería o biocombustible.

Curiosamente, un mes después de la masacre, en marzo del año 2000, en otro consejo de seguridad las autoridades locales reportan que la zona ha recobrado la calma. Y que había buenas noticias. Inversionistas estaban viendo en la región un gran potencial para sembrar palma de aceite. Cultivos que al parecer nunca llegaron.

Quizá tenga razón Eneida Narváez, líder representante de las víctimas de El Salado, quien en su silla de madera, con algunos manojos de tabaco secándose a sus espaldas, dice con toda convicción: "Todos los desplazamientos los hace la tierra".
Publicado en SEMANA 30/08/08

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Gustavo González Geraldino



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Yuveli Muñoz
"Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro"

MANDATO DE NACIONALIDADES

AMAZONÍA - ECUADOR

Unión Base - Puyo 30 de mayo del 2009

CONGRESO DE LA CONFEDERACION DE LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA ECUATORIANA RECHAZA ROTUNDAMENTE A LA POLITICA DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCION CIUDADANA

Las Nacionalidades Shuar, Achuar, Shiwiar, Waorani, Kichwa, Andoa, Zápara, Siona, Secoya, Cofan en el seno de su Congreso Ordinario del Parlamento de las Nacionalidades de la Amazonia Ecuatoriana, representados 400 Parlamentarios Oficiales establecen Unidad de Naciones Ancestrales para Constitución de sus Gobiernos Autónomos en sus territorios, que garantizará el Sumak Kawsay - Shiir Pujustin - Buen Vivir, conforme a la Autodeterminación, de conformidad a los Derechos Constitucionales e Instrumentos Internacionales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; con estas premisas declaramos Mandato Amazónico:

1. Las Naciones Ancestrales de la Región Amazónica nos Declaramos en Gobiernos Territoriales Autónomos, para prevalecer nuestros Derechos de posesión y posición milenaria.

2. Rechazamos enérgicamente toda política del actual régimen que atente a los Derechos Consuetudinarios, Colectivos y Constitucionales reconocidos en el Estado Ecuatoriano.

3. Nos declaramos a la desobediencia civil con las futuras declaratorias del Estado de Excepción por parte del gobierno nacional por intereses conexas a la explotación Petrolera, Minera, Hídrica, Forestal dentro de nuestros Territorios Ancestrales.

4. No someternos a las instituciones públicas creadas por una política de regionalización del país por el régimen de la llamada revolución ciudadana maquillada en la dictadura social democracia.

5. Los Territorios y los Recursos Naturales de las Nacionalidades Ancestrales de la Amazonia no se compra ni se vende por ninguna clase de política demagógica llamada revolución ciudadana del actual régimen.

6. Rechazamos y Exigimos al régimen actual restituya a las instituciones creadas por el Derecho de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador como CODENPE, DINEIB, DNSI, FODEPI y que se de inmediata derogatoria el Decreto 1585, del 15 febrero 2009, por inconstitucional y ser acto violatorio de la Ley 150, que permita la institucionalidad descentralizada y autónoma en lo administrativo, técnico y político.

7. Declaramos al Régimen de Rafael Correa, Gobierno de Represión Ciudadana, por reprimir y expresar el inicio de genocidio, invasión a nuestros Territorios de Nacionalidades Ancestrales, en especial a los compañeros hermanos Shuar en la Zona Rosa de Oro en el Sur de la Amazonia.

8. Expresamos rotunda resistencia sobre la concesión petrolera al Bloque 20, otorgado a la Campania petrolera IVANHOE, por que amenaza la existencia de la esencia de la vida de la Nación Kichwa de Pueblo Rukullakta de la provincia de Napo.

9. Los Boques 23 y 24, que se encuentran en los Territorios de las Naciones Ancestrales de la Amazonia Ecuatoriana, no se explotarán por ninguna empresa nacional ni transnacional petrolera, por cuanto nos pondremos en resistencia a la resolución Nº 080-CAD-2009-04-20, resolución emitida por el Concejo de Administración de PETROECUADOR, con fecha 8 mayo 2009, dispuesto por el Gobierno Nacional actual.

10. La CONFENIAE resiste a la evaluación discriminatoria diseñada por régimen de Correa por ser inconstitucional, por tanto implementará su propio proceso de evaluación a los docentes conforme a los principios, fines y objetivos de nuestro Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.


II NUNKENKA SUMANEATSUI, TURUTSKESHA SURUNEATSUI

ÑUKANCHIK SUMAK KAWSAY ALLPATA MANARANDICHIWA KAN

NUESTRO TERRITORIO NO SE COMPRA NI SE VENDE

NACIONALIDADES SOMOS LA REVOLUCION POPULAR

LAS NACIONALIDADES

Paco Chuji Blanca Grefa

PRESIDENTE FONAKISE PRESIDENTA FCUNAE

Justino Piaguaje Ernesto Maniguaje

PRESIDENTE SECOYA PRESIDENTE SIONA


Luis Narváez Miguel Wisum

PRESIDENTE COFAN PRESIDENTE FEPCESH-S


Miguel Ankuash Sharimiat Shiguango

PRESIDENTE FECANSHO-O PRESIDENTE CONAKINO


Juan Enomenga Orengo Tocari

PRESIDENTE ONWAN PRESIDENTE NAWE


Gloria Ushigua Alexandra Proaño

PRESIDENTE ZAPARA PRESIDENTE ANDOA


Alfredo Gualinga Jorge Calapucha

PRESIDENTE SHIWIAR PRESIDENTE OPIP


Alcides Kuja Germán Freire

PRESIDENTE FENASH-P PRESIDENTE ACHUAR


Holger Cisneros Rómulo Akachu

PRESIDENTE SARAYAKU PRESIDENTE FIPSE


Pepe Acacho Angel Awak

PRESIDENTE FICSH PRESIDENTE FEPNASH-Z.CH


Raúl Tapuyo Marlon Santi

PRESIDENTE CONAICE PRESIDENTE CONAIE


Domingo Ankuash Germán Antún

PRESIDENTE CONFENIAE PRESIDENTE PARLAMENTO

INDIO AMAZONICO - PANIAE



LA PATRIA NO SE COMPRA NI SE VENDE


UNIDAD ES SEGURIDAD

La histórica lucha de los pueblos y nacionalidades no puede ser pisoteada por ningún gobierno de ninguna República del Planeta. Con el cuento del socialismo interrumpen y confunden los objetivos históricos de las nacionalidades y pueblos de la región amazónica. Los gobiernos transitorios constituidos desde 515 años han destruido nuestras formas de sobrevivencia, hoy siguen imponiendo sobre nuestros territorios y ejecutan proyectos en beneficio de contados grupos corruptos y corruptores de la sociedad humana.

La selva amazónica es nuestro patrimonio y por ende la regionalización no existe! Ni existirá para los pueblos y nacionalidades. Somos el origen, la leyenda y la historia para las generaciones siguientes, esta realidad es motivo suficiente para combatir a cualquier gobierno en el mundo, preferimos morir combatiendo, defendiendo nuestros ideales y los derechos de la vida.

Hemos advertido al gobierno central que respete nuestros derechos territoriales, pero desde un año y en todo el país han desalojado quemando cientos de casas de las nacionalidades amazónicas.

Ahora no daremos tregua lucharemos y marcaremos una nueva historia en la existencia de los pueblos y nacionalidades!!!



¡¡¡ESTAMOS UNIDOS LAS NACIONALIDADES!!!



Tzamarenda

Nacionalidad Shuar

El artículo original está en: http://colombia.indymedia.org/news/2009/05/102398.php
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Diálogo y protesta mantienen indígenas amazónicos peruanos
Manuel Robles Sosa - cholorob@gmail.com
Thursday, May. 28, 2009 at 11:44 AM

Lima, 28 may (PL) El bloqueo del importante tren que lleva turistas a las ruinas incas de Machu Picchu, entre otras acciones, confirman hoy la persistencia de una larga protesta amazónica, con creciente respaldo nacional.

Al mismo tiempo, continúa un diálogo entre una delegación gubernamental de alto nivel y la dirigencia de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), sobre nueve decretos que motivan la protesta iniciada el 9 de septiembre.

El movimiento amazónico se vio fortalecido ayer por una jornada nacional de paros y marchas, convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGTP), en solidaridad con la lucha de los habitantes de la selva y contra la política económica neoliberal del gobierno.

La jornada registró una veintena de heridos por perdigonazos disparados por la policía -según la CGTP- en la ciudad nor oriental de Iquitos, la principal de la Amazonía, paros en algunas poblaciones y bloqueos de carreteras.

En la región sur oriental de Cusco nativos de la etnia machiguenga del lado selvático de ese territorio, bloquearon la vía del ferrocarril que lleva a las ruinas de Machu Picchu, principal atractivo turístico de Perú.

El servicio del tren fue interrumpido por tercer día consecutivo, mientras los amazónicos advirtieron que tomarán las ruinas sin no son anulados los decretos, que los nativos rechazan por considerar que entregan la selva a las transnacionales y atentan contra su hábitat.

También en Cusco miembros de la etnia Aendoshiariy Manitinkiari liberaron a trabajadores petroleros que tenían retenidos, pero mantienen tomada una de las válvulas del gasoducto del sur, mientras dos estaciones de bombeo del oleoducto del norte siguen ocupadas por nativos.

Los decretos que motivan las protestas fueron dictados como parte de las exigencias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, país que presiona para que se mantengan en función del polémico TLC.

El líder de AIDESEP, Alberto Pizango, reveló que tendrá una reunión con un representante de la embajada de Estados, que pidió información sobre la posición indígena.

Pizango desmintió versiones oficialistas sobre una supuesta aceptación amazónica de negociar sólo correcciones a las normas rechazadas.

Criticó al gobierno por negarse a la anulación, mientras el Congreso de la República se apresta a debatir dos dictámenes de una comisión legislativa que declararon inconstitucionales dos de los decretos.

El objetivo, dijo, es que los decretos sean eliminados, empeño en el cual AIDESEP apelará inclusive al Tribunal Constitucional y denunciará internacionalmente al gobierno por violar convenciones que obligan a los estados a consultar con los indígenas decisiones sobre sus territorios.

mgt/mrs

Copyright © 2009 [Prensa Latina] (URL: http://www.prensa-latina.cu/)


Selva de ideas:
indígenas amazónicos y la guerra del fin del mundo

Por Róger Rumrrill


Nueve meses después de la primera gran rebelión indígena que estalló el 9 de agosto del 2008 y que obligó al gobierno del Dr. Alan García a derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 que formaban parte del paquete denominado “Ley de la Selva”, una segunda movilización de pueblos indígenas sacude la región en este mes de abril por las mismas causas que motivaron la primera: las políticas de Estado son una grave amenaza para la supervivencia indígena y la conservación de uno de los mayores bancos genéticos del planeta, la Amazonía Peruana.

La batalla de agosto del 2008 no sólo visibilizó a los pueblos indígenas amazónicos invisibilizados por un sistema económico, político, educativo y cultural antiindígena, excluyente y discriminatorio, sino también los convirtió en el principal actor político y social en una región como la Amazonía donde los partidos políticos tradicionales sobreviven a duras penas en una crisis casi terminal.

Pero la rebelión del año pasado también dejó una agenda pendiente y sin resolver: una decena de decretos legislativos y leyes que los indígenas amazónicos cuestionaron de más de un centenar que el gobierno de Alan García promulgó para la implementación del asimétrico Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a principios del 2009.

Precisamente la plataforma de demandas de esta segunda movilización indígena incluye la derogatoria del Decreto Ley 29317, la Ley Forestal y Fauna producto de la modificación parcial del Decreto Legislativo 1090 y los Decretos Legislativos 1089, 1064 y 1020. La plataforma de lucha plantea además la reforma de la Constitución fujimorista de 1993 para recuperar los derechos de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios indígenas, el reconocimiento como Reservas Territoriales del habitat de los pueblos en aislamiento voluntario, suspensión de toda concesión territorial a empresas petroleras, gasíferas, mineras, turísticas y madereras en sus territorios, entre otras exigencias.

La guerra del fin del mundo

El 20 de abril la dirigencia indígena encabezada por Alberto Pizango Chota, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Dr. Yehude Simon Munaro y el Ministro del Ambiente, Dr. Antonio Brack Egg y firmaron un acta. El documento es básicamente declarativo y revela que para el gobierno del Dr. Alan García Pérez los candados que se han puesto al modelo neoliberal a través de la Constitución de 1993 y el centenar de normas pro TLC son, en la práctica, inamovibles. Por ello, el acta deriva la solución de las demandas indígenas al Congreso de la República y a otras instancias burocráticas, es decir, a las calendas griegas.

Por la parte indígena, el acta revela las hondas fisuras que los propios indígenas digitados por el gobierno, por errores propios o ajenos provenientes de organizaciones no indígenas o por intereses personales y caudillistas, han provocado en AIDESEP, debilitando a Pizango Chota.

Al momento en que se escribe esta crónica (22/4/2009), en las cinco Regiones de la Amazonía Peruana (Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y Ucayali) hay movilizaciones indígenas con tomas de aeropuertos, carreteras, bloqueos de ríos. Algunas organizaciones anuncian que si el gobierno no soluciona la plataforma indígena, tomarán medidas radicales, o sea, ocuparán los centros neurálgicos de producción de gas y petróleo que, sin duda, constituyen las mayores prendas de negociación política con que cuentan los indígenas amazónicos.

Es difícil a estas alturas prever el descenlace. De lo que no queda ninguna duda es que esta es una especie de guerra del fin del mundo, como el título de la novela de Mario Vargas Llosa, porque es una batalla entre la vida y la muerte, entre un sistema económico que considera a la naturaleza apenas como un insumo material y un modelo de vida, el de los indígenas, que siente y ve a la naturaleza como parte de su propia vida y que al final de cuentas, en medio del colapso del capitalismo y la crisis ecológica planetaria y el cambio climático, es la única vía de sobrevivencia de la especie humana en el planeta Tierra.

No es ni será la segunda ni la última batalla indígena en la Amazonía. La resistencia indígena ya dura siglos. Juan Santos Atahualpa, Samarén, Torote, son sólo algunos de los líderes de esas guerras de resistencia. Durante el ciclo del caucho, en el siglo XIX y principios del XX, 50 mil indígenas fueron masacrados y la sociedad nacional mediante las “correrías” y otras formas de violencia y explotación como la extracción petrolera, gasífera y maderera sigue expoliando a los indígenas y destruyendo su hogar ancestral.

Algunos gobiernos, como el Revolucionario de Velasco, contribuyeron a esta resistencia con la Ley 20653 del 24 de junio de 1974 que fue la primera en la historia del Perú en reconocer la existencia legal y la personería jurídica de los territorios indígenas declarándolos inalienables, inembargables e imprescriptibles que la Constitución del sátrapa Fujimori borró en 1993.

Si desde la fundación del capitalismo los obreros lucharon para humanizar un sistema que ahora se derrumba porque es antinómico a la justicia social y porque su lógica de ganancia está basada en la destrucción de la naturaleza, la batalla final para salvar el planeta y en este caso la Amazonía está siendo dada por los indígenas. Sumemos nuestra fuerza, compromiso y convicción a esta guerra de resistencia por la vida.



Obispos de la Amazonía ante paro de comunidades nativas


Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de las comunidades nativas.

1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad. Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega‐diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gen. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.

2. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (DA 471).

3. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.

4. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.

5. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009. En dicho Informe se insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.

6. Debemos expresar que “la Iglesia… valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (DA 472).

7. Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos.

8. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.

9. No queremos violencia. Nos gustaría no apoyar el paro actual. Pero nos da la impresión de que el gobierno y el Congreso no muestran la intención de dialogar y buscar soluciones. Y así comprendemos la desesperación de las poblaciones indígenas y la creencia cada vez más extendida de que se compra a algunos de sus líderes para provocar la desunión y hacer ineficaces sus justos reclamos. Esta desesperación y desunión hace que en su necesidad de ser escuchados acepten el apoyo de algunas asociaciones y grupos politizados que aprovechan la oportunidad para presentar otras peticiones o reclamos que de ninguna manera nosotros apoyamos.

10. Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional de la República, la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas.

Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.

A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (DA 474c).

5 de mayo del 2009

Mons. José Luis Astigarraga, C.P.

Obispo del Vicariato de Yurimaguas

Mons. Santiago García de la Rasilla, S.J.

Obispo del Vicariato de Jaén

Mons. Gaetano Galbusera, S.D.B.

Obispo del Vicariato de Pucallpa

Mons. Julián García, O.S.A.

Obispo del Vicariato de Iquitos

Mons. Alberto Campos, O.F.M.

Obispo del Vicariato de San José de Amazonas

Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M.

Obispo del Vicariato de San Ramón

Mons. Francisco González, O.P.

Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado

Mons. Juan Tomás Oliver, O.F.M.

Obispo del Vicariato de Requena

¡ACEPTADA APELACION DEL COMITÉ PROMOTOR!

El Comité Promotor del Referendo saluda y agradece la decisión de la Cámara de Representantes, en pleno, en el sentido de aceptar la apelación interpuesta por el Comité a través del Vocero, Rafael Colmenares, lo cual abre el camino para que se reconsidere el retorno al texto original firmado por más de dos millones de colombianos y colombianas.

La apelación comenzó a ser tramitada en la sesión del pasado 21 de Mayo, durante la cual el Vocero la sustentó demostrando que los cambios introducidos al texto original, por la mayoría gubernamental de la Comisión Primera, eran sustanciales y equivalían a una negativa. Dichos cambios, recordemos, excluían el carácter de bien común y público del agua, el derecho humano fundamental al agua potable y la destinación prioritaria de los ecosistemas esenciales al ciclo hídrico a esta finalidad natural. Al tiempo reducían el mínimo vital a un “mínimo gratuito”, apuntalaban la privatización del servicio público de acueducto y alcantarillado e introducían una nueva modalidad de aquella, al convertir en privadas las aguas que “nacen y mueren” en un mismo predio.

En la sesión del 21 de Mayo el quórum se disolvió y la sesión se levantó sin tomar ninguna decisión, convocándose nuevamente para el día de ayer, 26 de Mayo, cuando la apelación fue concedida por 66 votos contra 26. La votación a favor involucró a miembros de todas las bancadas, incluidas las que apoyan al gobierno, en un giro inesperado pero esperanzador. El Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y los representantes indígenas y afrodescendientes mantuvieron su apoyo a la apelación pero se vieron reforzados, en esta ocasión, por numerosos representantes de otras corrientes políticas afectas al gobierno, que como se recordará se opone tenazmente al texto original. El hecho constituye una inusual manifestación de autonomía e independencia del Congreso, lo cual es refrescante para la democracia en Colombia.

Varias consecuencias se derivan de la trascendental decisión adoptada ayer. En primer lugar el proyecto de convocatoria al referendo se traslada a otra de las comisiones constitucionales de la Cámara, la cual será designada por la Presidencia de esta. Allí se retomará el estudio del texto original, lo cual dará nuevas posibilidades de examinar su sentido y alcances por fuera de la polarización política generada por el referendo reeleccionista y la pretensión de juntar los tres referendos. En segundo lugar, se aleja esta posibilidad, es decir la de hacer confluir el referendo del agua con el de reelección y se despejan los temores de una utilización del primero en favor del segundo. Teniendo en cuenta que solo quedan veintitrés días de la actual legislatura y que el trámite del referendo por el derecho humano al agua, prácticamente vuelve a empezar, será casi imposible que los tres referendos puedan ser votados por el pueblo colombiano en la misma fecha. En tercer lugar, nuestro referendo continuará su trámite en la próxima legislatura, lo cual nos da posibilidades de mejorar la sustentación del mismo y ampliar la movilización social y ciudadana en su defensa.

El Comité Promotor comparte con todo el movimiento nacional la alegría por el avance obtenido en el día de ayer y llama a los Comités Territoriales del Agua y de la Vida, en todo el país, a reforzar la vigilancia y la movilización para garantizar la prevalencia de la voluntad ciudadana expresada en los mas de dos millones de firmas que acompañan el texto original. Así mismo agradece la solidaridad internacional recibida de la Red Vida y demás redes y organizaciones que en el mundo luchan por la plena vigencia del Derecho Humano al Agua Potable y se oponen a la privatización del agua y la vida.
COMITÉ PROMOTOR: Rafael Colmenares, Vocero, Tatiana Roa, Oscar Gutiérrez, Javier Márquez, Martha Cañón, Rodrigo Acosta, Humberto Polo, Héctor Gañán y Cristo Miranda, miembros del Comité.
Mayores informes: www.ecofondo.org

“En un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 8va vez incluyó en el capítulo IV de su Informe Anual a Colombia por considerar que en el País persisten “situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En primer lugar, en el informe la CIDH hace referencia al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares adelantado en el gobierno del Presidente Álvaro Uribe identificando con preocupación que actualmente persisten algunos de estos grupos en distintas zonas del país bajo la denominación de “Nueva Generación”, “Autodefensas Gaitanistas”, “Renacer” y “Águilas Negras”, obedeciendo a dinámicas diversas donde resalta “(1) el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se desmovilizaron; (3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.” La CIDH afirma que “a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las AUC, grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra poblaciones vulnerables, líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Por otro lado, al referirse al proceso de la ley 975 “Ley de justicia y paz” resalta que “el proceso ha enfrentado obstáculos tangibles durante el año 2008. En particular, se destaca la decisión de extraditar a un importante número de conocidos líderes paramilitares, algunos de ellos vinculados a investigaciones sobre la llamada “parapolítica”, donde “el fundamento de la decisión de extradición impulsada por el Poder Ejecutivo genera interrogantes sobre las condiciones para acceder a los beneficios establecidos por esa norma.” Aclarando que “la consecuencia natural del incumplimiento con el compromiso de no reincidir en la comisión de delitos tras la desmovilización, debiera ser la exclusión de los beneficios de morigeración de pena previstos en la Ley de Justicia y Paz, y el consecuente sometimiento a la jurisdicción ordinaria. En el caso de los 15 líderes paramilitares extraditados por causa de su conducta posterior a la desmovilización, sin embargo, la decisión de dar precedencia a procesos destinados a esclarecer delitos relacionados con el narcotráfico en jurisdicción extranjera, con la promesa de aplicación futura de la Ley de Justicia y Paz una vez cumplidas las penas en los EEUU, no se condice con la lógica del acceso a beneficios procesales a cambio del abandono de las armas y la colaboración con la justicia.”

Asimismo, resalta la Comisión Interamericana que “las víctimas han encontrado una serie de obstáculos para su participación. En primer término, la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a quienes intentan beneficiarse de la Ley 975 sobre los hechos de su interés, en las distintas fases de la versión libre.” “En segundo término, enfrentan dificultades en el acceso al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales.” Además “en el caso de las víctimas activamente involucradas en el proceso, su seguridad se ha visto seriamente comprometida o directamente afectada por el accionar de grupos armados ilegales.” La CIDH ha recibido “información sobre actos de violencia e intimidación contra víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de grupos armados con el fin de impedir su participación en el proceso de justicia y paz o silenciar sus reclamos sobre tierras usurpadas por el paramilitarismo”.

Sobre el derecho a la reparación de las víctimas del paramilitarismo en Colombia, la CIDH observa el carácter discriminatorio que encarnan las políticas de reparación del Estado, donde se excluye “de los programas administrativos de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, al obligarlas a agotar en forma previa la vía judicial y establecer un tope indemnizatorio para esa reparación.” Por lo demás, señaló que la existencia de topes indemnizatorios en las reparaciones administrativas “afecta el principio de reparación integral, lo cual constituye un retroceso respecto de los derechos que hoy pueden ejercer esas víctimas.”

Otro de los aspectos que aborda el Informe hace referencia a la continuidad de la violencia derivada del conflicto armado, resaltando su preocupación por el alto número de ejecuciones extrajudiciales que obedecen a patrones identificados desde años atrás “en el marco de operativos militares anti-insurgentes donde se verifica que no existió combate alguno; “en un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarmadas; en ocasiones las víctimas son previamente señaladas por informantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar; muchas veces los mismos miembros del Fuerza Pública que previamente han dado “de baja en combate” a la víctima están a cargo de preservar la escena del crimen y las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura; los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad; los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su reconocimiento; los cuerpos son inhumados como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas; los miembros de la Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y premios por la presentación de “positivos”; en muchos casos la competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye a juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, testigos y defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de condenas a los responsables es ínfimo” Asimismo la CIDH indica que el “incremento en los casos de desplazamiento forzado que se presentó en el primer semestre del año (2008) es el más alto desde 1985; la tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes; y por cada día se desplazaron en promedio 1.503 personas.”

Respecto a la situación de los grupos étnicos en Colombia, manifiesta: “su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que viven los pueblos indígenas en Colombia y por los ataques contra sus líderes, que buscan romper la cohesión de estos pueblos en torno a la defensa de sus derechos, en especial el derecho a la autonomía y el territorio. Asimismo, la CIDH ha señalado que los constantes actos de violencia perpetrados en contra de los pueblos indígenas amenazan no sólo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos.”

Por otro lado, hace referencia a la situación de desventaja, discriminación y desprotección que enfrentan Comunidades y Consejos Comunitarios afrodescendientes y raizales como consecuencia de la guerra, el desplazamiento forzado y la usurpación ilegal de sus tierras. La CIDH hace expresa mención de la situación de la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca) y de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó (Chocó). Además el informe anunció que “durante el 2009 la CIDH espera hacer público un informe sobre la situación de la población afrocolombiana, preparado por su Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial.” Respecto a la situación de defensores de derechos humanos, líderes sociales, y sindicalistas, la Comisión indica que durante el año 2008 su labor “continuó viéndose afectada por amenazas contra la vida y la integridad personal. Persiste además el empleo de “montajes” judiciales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.” Esto ha estado acompañado del empleo de mecanismos de inteligencia en su contra ordenados por el Departamento Administrativos de Seguridad (DAS).

Respecto a el derecho a la libertad de expresión y la Protesta social en Colombia, indica que si bien no se produjeron homicidios contra periodistas la situación de impunidad de los cometidos en años anteriores sigue siendo de especial gravedad. También resalta que a lo largo del 2008 ha recibido información sobre agresiones y amenazas contra periodistas y personas que en ejercicio de su libertad de expresión exponen opiniones críticas o disidentes observando con preocupación que buscan ejercer un efecto intimidatorio no sólo en el periodista sino en el medio para el cual trabaja. “Este tipo de amenazas contribuyen a crear un clima que favorece la autocensura.”

Asimismo “preocupa a la CIDH el surgimiento de un patrón de señalamientos genéricos contra los movimientos sociales de disenso, que los vinculan con grupos armados ilegales o con “organizaciones terroristas” y que sugieren que tras sus manifestaciones públicas existen intereses “oscuros”, destinados a desestabilizar el Estado.” Es de resaltar que estos señalamientos provienen de altos funcionarios del Estado Colombiano, por lo cual la CIDH recuerda lo establecido por la Corte Interamericana al indicar que en ciertas ocasiones las autoridades estatales deben pronunciarse sobre cuestiones de interés público, “sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos” “Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos”.

Por último, el Informe Anual aborda las presiones del poder Ejecutivo al Poder Judicial llamando la atención en cuanto que esta situación pone en tela de juicio la labor de altas instancias judiciales y coloca en riesgo a magistrados y magistrados auxiliares de las altas Cortes.

CONCLUSIONES

140. La CIDH ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto. Colombia aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales e implementación del marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.

141. La CIDH mantiene su preocupación respecto de la existencia de reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares, del fenómeno del rearme y de la formación de nuevos grupos armados, y reitera la necesidad de que el Gobierno colombiano implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC y de las bandas criminales.

142. La CIDH entiende que más allá del sistema legal establecido, corresponde al Estado un rol central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas de los crímenes contra el derecho internacional un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación integral, acordes a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

143. Asimismo, la Comisión mantiene su preocupación respecto del impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes requieren de medidas diferenciadas de asistencia humanitaria. También llama la atención del Estado respecto de las crecientes denuncias sobre la participación de miembros de la Fuerza Pública en conductas violatorias de los derechos humanos. La CIDH mantiene su preocupación respecto de los ataques registrados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales por parte de los grupos armados al margen de la ley y la guerrilla y espera se adopten las medidas necesarias para asegurar la libertad de expresión en condiciones de seguridad, y el ejercicio de la función judicial con las garantías necesarias para administrar justicia sin injerencias de otros poderes del Estado.

144. En vista de estas consideraciones, la CIDH recomienda al Estado colombiano:

1. Fortalecer el trabajo de las instituciones llamadas a desempeñar un rol en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, especialmente las unidades de la Fiscalía General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación, en término de apoyo logístico y seguridad a fin de garantizar el esclarecimiento judicial de los crímenes perpetrados contra las víctimas del conflicto.

2. Disponer de mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto, testigos y defensores de derechos humanos que se acerquen a fin de participar en el proceso de investigación y juzgamiento de quienes busquen beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz.

3. Establecer mecanismos concertados y efectivos para la reparación de las víctimas del conflicto con base a los principios de integralidad y no discriminación.

4. Adoptar medidas efectivas tendientes a la desarticulación y desmantelamiento de estructuras armadas al margen de la ley y prevenir el fortalecimiento de grupos emergentes.

5. Fortalecer mecanismos que garanticen la prevención e investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales mediante: la revisión minuciosa de políticas y prácticas de la Fuerza Pública respecto al uso de la fuerza en enfrentamientos y las actividades de inteligencia; la publicidad, dentro de los marcos legales vigentes, del resultado de esas evaluaciones; la revisión de mecanismos de control disciplinario interno mediante los cuales se haga público el motivo de la separación del cargo en casos de sanción por hechos relacionados con falsos positivos; la actividad de control administrativo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación con participación de las víctimas y sus representantes; la publicación de estadísticas y análisis periódicos de los casos denunciados; el empleo de mecanismos de control externo a través de la Fiscalía y la inhibición de la actuación de tribunales y autoridades militares en la escena del crimen y en las diligencias de investigación de los casos.

6. Remitir todas las causas que puedan involucrar ejecuciones extrajudiciales de civiles de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. 7. Diseñar y adoptar políticas que tomen en cuenta las necesidades específicas en materia de territorio, salud, educación, justicia de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado.

8. Adoptar las medidas necesarias para proteger la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos y líderes sociales y sindicales; prevenir su estigmatización y el empleo indebido de mecanismos de inteligencia en su contra; y remover los factores de riesgo que los afectan mediante el esclarecimiento judicial de actos de violencia, hostigamiento y amenazas.

9. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los jueces y operadores judiciales puedan desarrollar su labor para la administración de justicia en condiciones de seguridad, independencia y libre de presiones de particulares y de instancias del Estado.”

Adjunto texto completo www.cidh.org informe anual 2008

Testimonio que dejó Rodrigo Rosenberg antes de ser asesinado

El abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el domingo 10, grabó un video y dejó una declaración que responsabiliza al presidente Alvaro Colom, al secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos; autoridades del banco Rural y al constructor Gregorio Valdez de su muerte. (vea el video y los documentos que dejó)

Por: Redacción Web
El Periódico, Guatemala
11 de mayo de 2009


Video en:http://www.youtube.com/watch?v=9aT68rp43b8


http://www.youtube.com/watch?v=Od9m4en93RE

http://www.youtube.com/watch?v=lg1HGID58X0


Asesinan con arma de fuego a destacado abogado
Rosenberg montaba bicicleta cuando lo interceptaron sicarios. Fue
presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Guatemala.

Por: Willverth Girón / Carlos Rigalt c.
El Periodico, Guatemala, 11 de mayo

Ayer, en horas de la mañana fue asesinado por 3 impactos de arma de
fuego el abogado Rodrigo Rosenberg, de 48 años. El hecho ocurrió en la
2a. avenida de la zona 14, mientras realizaba actividades de ciclismo.

Datos preliminares de la investigación dan cuenta que Rosenberg tenía
como cliente a Khalil Musa, quien fue asesinado el pasado 14 de abril
junto con su hija Marjorie Musa.

Rosenberg fue presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación
(Cenac) de la Cámara de Comercio de Guatemala y vicedecano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael
Landívar.

Uno de los testigos del hecho es un guardia de seguridad, quien
comentó que minutos antes del ataque, estuvieron rondando en el sector
dos vehículos uno de color negro y el otro blanco.

“Despues los carros se quedaron estacionados, se escucharon los
balazos y salieron apresuradamente”. De esta cuenta, Carlos Pérez,
vocero del cuerpo de Bomberos Municipales, comentó que “los impactos
de bala dieron en organos vitales por lo que ya no pudimos hacer nada
para rescatarle la vida”.

Versiones coinciden

La versión del guardia de seguridad coincide en parte con la
información que empieza a manejar la Policía Nacional Civil (PNC) y
los bomberos. Rember Larios, subdirector adjunto de la institución,
comentó que “se conoce que participó más de un vehículo, nos
encontramos investigando el hecho”.

Larios agregó que como parte de la investigación “se solicitó a la
Policía Municipal de Tránsito que nos proporcionaran los registros de
las cámaras (en las cercanía del lugar del asesinato)”.

A pocos metros en donde quedó el cuerpo de Rosenberg, se puede notar
las marcas de los neumáticos que uno de los vehículos implicados en el
asesinato dejó tras su huída.

Hipótesis y reacciones

Algunos activistas de Derechos Humanos lamentaron la acción criminal
ocurrida ayer por la mañana, además, Carmen Aída Ibarra, de la
Fundación Myrna Mack, comentó que “este asesinato se viene a agregar a
la lista de los 15 o 18 crímenes diarios que se cometen en el país.
Pero esta vez le tocó a un sector de abogados, se trata de otro caso
con un patrón predetermiando, dirigido por estructuras especializadas
en planificarlos y cometerlos, y una ejecución a cargo de sicarios”.

Por su parte, Edgardo Wagner, ex direcor de la Cámara de Comercio,
comentó que “este es un hecho sumamente repudiable, lo lamentamos
profundamente y esperamos que las autoridades logren identificar a los
responsables del hecho”.

¿Quién fue Rodrigo Rosenberg?

>Abogado y notario de 48 años de edad, graduado de la Universidad
Rafael Landívar (URL), con una maestría en Derecho Internacional y
Derecho Comparado obtenida en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
También poseía una maestría en Derecho Mercantil por la Universidad de
Harvard, Estados Unidos.

>Rosenberg pertenecía a la firma de abogados Rosenberg-Marzano,
Marroquín-Permeller & Asociados, fundada en 1987. Esta firma de
abogados se especializaba en la prestación de servicios legales en el
área corporativa, de la propiedad intelectual e industrial, registro
sanitario, arbitrajes y conciliaciones y también se dedicaba a tratar
temas de derecho migratorio.

Declaración del abogado Rodrigo Rosenberg antes de que fuera asesinado
Prensa Libre,
11/05/2009


Si usted está leyendo este mensaje es que yo Rodrigo Rosenberg Marzano fui asesinado por el Secretario Privado de la Presidencia Gustavo Alejos y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sandra de Colom.


La razón, de que Gustavo Alejos y Gregorio Valdez, hayan ordenado mi muerte y el Presidente de la RepÚblica Álvaro Colom lo haya aprobado, es porque hasta el día que me mataron, fui el abogado de dos increíbles guatemaltecos Don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa y sabia exactamente como Álvaro Colom, Sandra de Colom, Gustavo Alejos y Gregorio Valdez fueron los responsables de ese cobarde asesinato, y así se los hice saber a ellos mismos y a quien me quiso y pudo oír.

Yo era un guatemalteco de 47 años, con 4 divinos hijos, con el mejor hermano que uno le puede pedir a la vida, con increíbles amigos, y con muchísimas ganas de vivir en mi país, pero no hubiera podido vivir conmigo mismo, sin rebelarme, armarme de valor y denunciar a todos los guatemaltecos que tienen principios y valores, a cerca de las verdaderas razones de la muerte de don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa, sin importar las consecuencias y entendiendo que mi vida corría peligro quise dejar este testimonio en caso algo me pasara algo, como lamentablemente sucedió.

Es Álvaro Colom, por medio de Gustavo Alejos y Gregorio Valdez quienes le piden su colaboración a don Khalil Musa para que forme parte de la junta directiva de Banrural en forma Ad honorem, sin que don Khalil Musa sospechara de los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural, los cuales van desde el lavado de dinero hasta el desvió de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente Sandra de Colom, así como el financiamiento a empresas de papel utilizadas por el narcotráfico.

Es Álvaro Colom de acuerdo con Gustavo Alejos y Gregorio Valdez quienes retienen el nombramiento ya firmado de don Khalil Musa, sin que él lo supiera, por mas de tres meses, pues en realidad no tenían ninguna intención de que el asumiera dicho puesto de Director, sino sólo utilizaban su buen nombre con el argumento de que si no se repartían nuevas cuotas de poder don Khalil iba a denunciar cuando descubriera la corrupción con la que el gerente general de Banrural Fernando Peña maneja ese banco a su antojo al servicio de la señora Sandra de Colom y como socio y financista con fondos del banco de los negocios de Gregorio Valdez y Gustavo Alejos, sin que el presidente del banco, José Ángel López, haya hecho nada para evitar que Fernando Peña haya convertido a Banrural en la cueva de ladrones, narcos y asesinos que hoy es.

Con la impunidad que los guatemaltecos le hemos permitido en los últimos años a los ladrones y asesinos de este país, José Angel López, Fernando peña y el cobarde de Gerardo de León, en forma directa amenazan e intimidan a don Khalil Musa, pocas semanas antes de su asesinato y el de su hija, para que renuncie a su nombramiento y don Khalil Musa les manifiesta, como caballero que siempre fue, que no tenia ningún problema con que se cancelara su nombramiento, pues quien le solicitó que aceptara dicho cargo, fue Gustavo Alejos y Gregorio Valdez de acuerdo con nuestro flamante presidente Alvaro Colom y su sombra permanente Sandra de Colom.

Don Khalil Musa le hace saber su decisión a Gustavo Alejos y Alvaro Colom, de no participar en la directiva de Banrural para evitar problemas, pero ellos le manifestaron que por favor les diera tiempo, pues todo estaba resuelto, sin tener la menor idea don Khalil Musa que una vez los ladrones y los asesinos se pusieran de acuerdo, lo iban a asesinar junto con su hija Marjorie Musa, (cuyo único pecado fue ser una hija ejemplar que siempre acompañaba a su padre), pues ya había cumplido su cometido, sin importarles nada ni nadie y con la completa tranquilidad de saber que los buenos guatemaltecos, una vez mas iban a hacer absolutamente nada, justificando su falta de acción, en la impotencia que nos acosa o diciendo simplemente *****seguro en algo estaban metidos*****

Haciendo alarde de la falta de cualquier principio o valor moral y del más mínimo sentido de la vergüenza, Gustavo Alejos Personalmente, luego de tratar de inventar otras hipótesis que nadie aceptó por conocer la calidad moral de los asesinados, le manifiesta a la familia de don Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, que lamentablemente los habían asesinado por los problemas horribles que existen en Banrural, llegando al colmo que el mismo presidente Alvaro Colom invita a un pariente político de don Khalil Musa a su despacho para confirmar lo dicho por su Secretario Privado.

Ahora usted puede entender porque ni Alvaro Colom ni mucho menos Gustavo Alejos, se cuidaron de no declarar públicamente lo que le dijeron a la familia de don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa y dieron la orden al incompetente y corrupto del ministro de Gobernación y al inexistente Fiscal General de la Nación, para que dejaran, una vez más este cobarde asesinato sin resolver, como sucede con todos los asesinatos, robos y violaciones que tienen a Guatemala sumida en su peor época.

Día a día esta horrible historia se repite y llena de dolor una familia más de nuestra Guatemala, mientras los buenos guatemaltecos decidimos ver para otro lado y rezar que no nos toque a nosotros.

Ya basta, rescatemos nuestro país de los ladrones, de los asesinos y de los narcos y todos juntos recuperemos nuestra Guatemala, nuestros valores y nuestra fe en la justicia y echemos a patadas al actual títere que tenemos por presidente y metamos a la cárcel a los ladrones y asesinos, empezando por Gustavo Alejos, Gregorio Valdez, Fernando Peña y Gerardo de León, entre otros, y de una vez exijamos la renuncia de todos los miembros actuales de nuestro Congreso, que, con muy contadas y honrosas excepciones son un atajo de ladrones y empecemos de nuevo por amor de Dios y de nuestro país.

Seguramente los cobardes se defenderán tratando de manchar la memoria de don Khalil Musa o de su hija Marjorie Musa y tratarán de convencer a los guatemaltecos que todo esto es un nuevo complot, pero al final, la única verdad que cuenta es que si usted leyó este mensaje es porque yo Rodrigo Rosenberg Marzano fui asesinado por Gustavo Alejos y Gregorio Valdez con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sanda de Colom, por negarme a que se convirtiera en una estadística más el cobarde y vil asesinato de dos increíbles personas como lo eran Don Khalil Musa y su hija Marjorie Musa y seguir entregando mi país a los asesinos cobardes, ladrones y narcotraficantes que actualmente lo gobiernan.

Rodrigo Rosenberg Marzano

A-1 602624


PS

Al señor vicepresidente de la República doctor Rafael Espada le recuerdo que el que calla otorga y que usted que no es ni un ladrón y ni asesino, debe ser el primero en encabezar un movimiento para recuperar nuestra Guatemala, y hacer que se cumpla la ley con ayuda de todos los buenos guatemaltecos que le apoyan sin reservas.

Amazonía peruana se levanta por sus derechos territoriales
by Mariátegui. La revista de las ideas. Friday, May. 08, 2009 at 11:38 PM

Prensa CAOI / Foto: AIDESEP


Comunidades nativas exigen derogatoria de normas inconstitucionales y detener la criminalización de sus organizaciones y líderes.

En nuestro continente y en particular en la Región Andina, la pauta del enfrentamiento a la globalización neoliberal que arrasa con los derechos humanos y colectivos la están poniendo los pueblos indígenas. Como parte de este proceso, en el Perú los Pueblos Amazónicos y sus organizaciones desarrollan en estos momentos una movilización indefinida en defensa de sus territorios y de la vida.

El gobierno peruano implementa autoritariamente el neoliberalismo en crisis. Negocia y firma tratados de libre comercio totalmente lesivos a la soberanía nacional y a los derechos de los pueblos; abre las puertas sin restricción alguna a las inversiones multinacionales para el saqueo de los bienes naturales. Y en ese camino vulnera los derechos de las comunidades indígenas, amparados por instrumentos internacionales (Declaración de la ONU, Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución Nacional.

Lo hace a través de normas como el paquete de decretos legislativos emitidos el año pasado para implementar el TLC con Estados Unidos y los once decretos legislativos emitidos el 2007 para criminalizar la protesta. Los pueblos indígenas amazónicos lograron con su movilización de agosto del 2008 la derogatoria de dos de ellos, pero quedan 99 vigentes. Por ello han reiniciado la lucha.

También la han reiniciado para poner fin a la criminalización del ejercicio de derechos indígenas. En el Perú hay cientos de dirigentes y líderes perseguidos, presos y procesados judicialmente por defender a sus comunidades. Todo para imponer un modelo cuyo fracaso está marcando el fin de un modelo civilizatorio.

El Perú es el país de Latinoamérica que ha dado en concesión la mayor parte de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos. El 72% de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. Son 67 lotes de hidrocarburos que se superponen en la selva peruana, de los cuales 47 lotes están ubicados en la Región Loreto. Y pasan por encima de los territorios indígenas y de las reservas naturales.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, expresa su solidaridad con el movimiento indígena amazónico peruano y sus organizaciones, se suma a la exigencia de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC y de la criminalización, exigiendo la amnistía para todos los líderes y dirigentes comunales, andinos y amazónicos, procesados por defender a sus comunidades.

Llamamos también a continuar articulando las demandas y propuestas de los pueblos andinos y amazónicos, que ya estamos unidos en el amor y armonía con la Madre Tierra, la defensa de nuestros territorios como eje de nuestra identidad, y la práctica del Buen Vivir que ofrecemos al mundo como alternativa de vida al agonizante capitalismo neoliberal de muerte y destrucción de la Pachamama.

Estamos seguros que la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, que se reunirá en Puno, Perú, del 27 al 31 de mayo próximo, será un paso decisivo en este proceso de articulación y construcción de propuestas.


Miguel Palacín Quispe
Coordinador General de la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)


Sábado 9 de mayo de 2009.

Declaran estado de emergencia en zonas indígenas de Perú

Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que el estado de emergencia suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio. Esto, fue rechazado por los indígenas, que lo consideraron, según precisó a teleSUR el dirigente Alberto Pizango, como una ''clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano".
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TeleSUR _ Hace: 04 horas

El Gobierno de Perú proclamó este sábado el estado de excepción durante 60 días en varios departamentos del país, a raíz de las intensas protestas que lideran los grupos indígenas de esas regiones desde el pasado 9 de abril.

Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que la decisión suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.

La medida fue aplicada en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas, y los centrales Ucayali y Cuzco.

Frente a la medida, el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, declaró en entrevista exclusiva a teleSUR, que la medida asumida por el gobierno no es más que "una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano".

"Con ello, está matando a los pueblos legítimamente que reclaman sus derechos. Aquí ya se vive un clima de que ésta es la respuesta que tienen los pueblos antes que la solución a sus problemas, siendo la agresión y la muerte", consideró el líder indígena, al tiempo que añadió que esta es la manera como los han venido tratando, de manera incivilizada, por más de 150 años.

Según el gobierno, la medida busca restablecer el orden público ante las manifestaciones que demandan la anulación de una serie de decretos y leyes que según los nativos apuntan a privatizar la región selvática.

Además, detallan que las protestas han puesto en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos en el país.

En la medida han sido comprendidos los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cuzco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto, e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.

El estado de Emergencia, que coincide con el plazo dado por Aidesep para que el primer ministro peruano, Yehude Simon, instalara una mesa de diálogo con las organizaciones abígenes, tiene por objetivo "la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes", explicó el decreto.

La solicitud de la etnia fue apoyada el pasado viernes por un grupo de obispos de la Amazonía peruana, cuando nueve prelados precisaron que las polémicas normas "no aportan al desarrollo integral de la población amazónica" y que "por el contrario, surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región".

Así, los religiosos solicitaron al Gobierno y al Congreso peruano que dialoguen y busquen soluciones justas y pacíficas en favor de un desarrollo integral de la región, así como "la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuyan a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones amazónicas".

En la protesta se pide la derogación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, que se considera que vulnera los derechos a la propiedad y el control de los recursos naturales de los indígenas.

Tal como explicó Alberto Pizango, los cuerpos indígenas rechazan el paquete de leyes porque no fueron consultados tal como lo establece el convenio 169 "que estipula en su artículo 6 de que cualesquiera actividades o medidas legislativas que se tengan que dar para el territorio o pueblos indígenas, tienen que ser consultados a saber de sus organizaciones representativas", explicó.

"El gobierno, lejos de consultar a los pueblos indigenas, ha sacado todo un paquete de ley de 104 decretos legislativos, que atentan contra el país. De esos 104 decretos, 11 han sido muy lesivos para la Amazonía (...) y a partir del día 9 de agosto (2008), el levantamiento de los pueblos ha derogado 2 decretos legislativos, quedando otros 9 para que se conformara una comisión multipartidaria para que llegue a evaluar y dar una solución de derogatoria", continuó Pizango.

No obstante, "a pesar que esa comisión multipartidaria habría dado su informe el 13 de septiembre del 2008, desde esa fecha hasta la actualidad los pueblos esperaron"

"Y como no había ninguna respuesta, ni voluntad política por parte del Congreso de la República, los pueblos decidieron movilizarse (desde el pasado 9 de abril) para exigir que estos 9 decretos legislativos sean derogados y de esta manera, solucionar los grandes problemas", concluyó el líder indígena.

Ya el pasado viernes el primer ministro peruano, Yehude Simon, advirtió a los indígenas sobre la medida de emergencia que este sábado se materializó.