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Las universidades públicas de Colombia están en quiebra, hay un déficit de medio billón de pesos que ya está repercutiendo en la calidad de los programas académicos, sin embargo, la ministra de educación ha dicho que la academia no recibirá los fondos que necesita.

El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, afirmó que con 150 mil millones de pesos, correspondiente a un incremento del 9% sobre la base presupuestal anual, se podría empezar a subsanar las falencias de la educación superior pública para mantener los programas, cupos, recursos e incluso pagos al personal desde la administración de las mismas universidades.

No obstante, Cecilia María Vélez ministra de educación, negó la posibilidad de aumentar los recursos para estos fines, la inversión que recibirían se limitaría a la cobertura, negando las necesidades básicas de las instituciones y la preparación integral de profesionales que se mantienen gracias al deber estatal de cumplir y suplir al obligatorio presupuesto educativo.

¿A que se debe el déficit?, antes de 1992 el panorama para la educación superior en Colombia era diferente al actual, las universidades recibían cada una los dineros como secciones presupuestales; a partir de la Ley 30, artículo 86 de 1992 se incluyó el presupuesto de las universidades públicas al recibido por el Ministerio de educación.

A partir de esta ley, el presupuesto conjunto de universidades públicas nacionales y territoriales aumenta un 4% anual de acuerdo con el índice del IPC. El dilema para recibir los recursos se agravó en el año 2003, cuando las universidades dejaron de recibir el 100 por ciento del “programa de educación superior”, para pasar a ser un subprograma que comparte fondos con el Icfes y el Icetex, subsidios de educación superior para estratos 1 y 2 y que además tiene a su cargo la responsabilidad pensional de maestros y personal de las instituciones.

Evidentemente la administración de este presupuesto ha perjudicado enormemente a universidades públicas, la universidad del Cauca ya cerró sus programa académicos, la de Pamplona ya se acogió a la ley 550 para la intervención económica, en Atlántico está en recuperación, la de Cesar esta en restructuración y la Nacional se ha declarado en su límite funcional, ha cerrado 250 becas de posgrado reduciéndolas a la mitad.

¿Cuáles con las prioridades del gobierno?, después de la movilización de las universidades públicas el pasado 14 y 15 de octubre, en contra de la liquidación de las universidades, los estudiantes exigen este incremento, y que no se incluyan los sistemas pensionales de los maestros y los funcionarios de las universidades al mismo.

Los rectores universitarios insisten en la desarticulación del presupuesto de universidades públicas del “programa de educación superior”, ya que a pesar de que se note un aumento anual de los recursos para este programa, las universidades no los están recibiendo. De tal forma que de cara a las nuevas tecnologías, al aumento de la planta de maestros y de estudiantes, a la inversión en investigación y la manutención de los centros de educación debe ser prioritario financiar a la educación pública.

Como ciudadanos defendamos este derecho fundamental, no permitamos que los recursos que pagamos en impuestos pasen a los costos del referendo o al agro robo seguro, exijamos la financiación de la educación superior pública, la preparación integral de profesionales para que en futuro podamos tener un mejor desarrollo como país.