Somos Sudacas

Uribe financió su guerra sucia con fondos de cooperación internacional<

Se estima que más de 2.100 civiles han sido asesinados para cobrar recompensas
GORKA CASTILLO - Madrid - 04/12/2008 22:07

Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.

La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.

La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.

Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".

Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas

Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.
1.300 euros por ‘guerrillero'

El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.